Las principales amenazas al derecho a la salud en Costa Rica constituyen la penalización del aborto, la insuficiente atención de la salud mental y la discriminación hacia la comunidad LGBTI+, según un diagnóstico preliminar de Naciones Unidas divulgado este lunes.
La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, entregó su informe preliminar tras diez días de visitar el país sudamericano y puntualizó que aunque la legislación garantiza el derecho, hay puntos preocupantes.
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«Costa Rica ofrece cobertura universal casi completa a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (…) y el sector privado», dijo Mofokeng, quien añadió, sin embargo, que «la discriminación estructural conduce a un acceso a servicios diferenciados». «Es inaceptable», sentenció.
Sobre todo, por temas de «la edad, orientación sexual, identidad y expresión de género», puntualizó.
Las personas LGBTI+ sufren «prejuicios, abusos y violencia debido a la exclusión de los sistemas de salud» por su condición sexual, generando que esa «violencia, discriminación y rechazo generalizados» provoquen «niveles más altos de trastornos de salud mental, con intentos de suicidio», indicó Mofokeng.
«Me preocupa saber que la terapia de conversión no es ilegal en el país», destacó.
La relatora constató además que la salud mental en Costa Rica «está bajo presión» para la población y el sistema de salud desde el estallido de la pandemia de covid-19.
Tras reunirse con representantes de la sociedad civil, Mofokeng subrayó «el aumento de la crisis de salud mental», especialmente en jóvenes, por las «graves limitaciones para acceder a profesionales de la salud mental» y «largos» tiempos de espera para evaluación especializada.
«Se necesita un cambio de paradigma urgente», concluyó.
La penalización del aborto fue otra preocupación de la experta por ser discriminación «basada en género». El aborto es un delito en Costa Rica, salvo en casos en que la vida o la salud de la madre estén en peligro si el procedimiento es inevitable por otros medios, de acuerdo al Código Penal.
«La moralidad pública y las creencias religiosas no pueden servir de justificación para la promulgación o aplicación de leyes que den lugar a violaciones de derechos humanos», dijo.
Pidió al Estado «imponer una moratoria» en la aplicación de las leyes penales referentes al aborto, puntualizando en la obligación de los médicos de denunciar a personas embarazadas que busquen abortar.
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