Los embarazos en niñas y adolescentes continúa siendo un tema pendiente en el país. Nicaragua tiene bajas tasas de acceso a métodos anticonceptivos, en medio de una limitada información sobre el tema y una creciente violencia sexual, según diversos informes.
En 2022, Nicaragua fue el país con la tasa de natalidad adolescente más alta de América Latina y el Caribe, con 85,6 por cada mil adolescentes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La alarmante situación la confirma el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo (INIDE), que detalla que en el período 2020-2021, se registraron 28,408 casos de embarazos en menores de 19 años.
Más de mil menores de 14 años embarazadas
En el grupo de embarazadas hubo niñas entre los 10 a 14 años (1,463 casos), «por debajo de la edad penal de consentimiento en la legislación nacional», advirtió al respecto recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La mayoría de los embarazos en este grupo de edad (57 por ciento) ocurrieron en zonas rurales y no se ha publicado aún información para 2022, añade el informe presentado en septiembre.
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Los casos de violencia sexual también presentaron un incremento, pasando de 4,803 en 2021 a 5,049 en 2022, siendo las niñas la mayoría de las víctimas, según datos del Instituto de Medicina Legal (IML).
«Estas cifras muestran el impacto desproporcionado de la violencia sexual en niñas y mujeres», alertó el organismo.
A su vez, lamentó que, «aunque el informe del IML señala que la eficacia policial en la investigación de estos casos ronda el 90 por ciento, no se facilita más información sobre los juicios o la rendición de cuentas de los autores».
Por tanto, pese a que los Estados «están obligados a garantizar que las adolescentes tengan pleno acceso a la planificación familiar y a los anticonceptivos, así como a la información sobre salud sexual y reproductiva, incluidos los peligros del embarazo precoz», Nicaragua sigue presentando estadísticas preocupantes.
«La no adopción de estas medidas para prevenir los embarazos precoces puede suponer la violación de una serie de derechos humanos de las niñas», le recordó OACNUDH al régimen de Daniel Ortega.
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Niñas y adolescentes en desprotección
«Hay una desprotección total del Estado y vivimos en una cultura machista. Este Estado es irresponsable que ni siquiera se pronuncia», declaró una feminista de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en condición de anonimato a Nicaragua Investiga.
La feminista recordó que en muchos casos la sociedad no reconoce que la relación entre adultos y menores de edad es un delito.
El artículo 168 del Código Penal de Nicaragua establece que la relación sexual entre un adulto y una persona menor de catorce años, es violación. Sin embargo, la sociedad lo tolera y «no hay un castigo para hombres violadores».
«En zonas rurales, el hombre adulto se aprovecha hasta de la situación económica de la niña o adolescente y cuando ellas quedan embarazadas se termina culpando a la víctima, a la madre. Las adolescentes hasta desaparecen de su hogar», lamentó la feminista.
Ni las cartillas que promueve el Estado para prevenir el femicidio, ni las Comisarías de la Mujer que reinauguran continuamente han demostrado ser eficaces, agregó. «Estamos en peor situación porque vivimos con los agresores en la misma familia, y la misma familia «tapa» la problemática. No hay castigo, no hay justicia», manifestó.
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