El gobierno de Costa Rica tomó distancia de la extradición de ese país hacia Nicaragua de un hombre que está identificado como opositor a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, supuesto excontra, que era buscando en el país por los delitos de homicidio, tráfico de armas y crimen organizado.
«Ante informaciones que circulan en medios de comunicación y donde vinculan al poder ejecutivo en la extradición del nicaragüense Douglas Pérez Centeno, el gobierno desmiente categóricamente estas aseveraciones», reza un comunicado de la presidencia costarricense.
El escrito explica que la extradición fue realizada enteramente por el poder judicial de ese país vecino del sur, pero el ejecutivo no tiene que ver en la misma.
«Aclaramos que este proceso, verificado y desarrollado jurisdiccionalmente y al ser de naturaleza judicial, no participan autoridades del poder ejecutivo en forma absoluta», aclara el documento.
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La extradición
La Policía costarricense indicó que el hombre fue detenido el 31 de octubre de 2022 en Los Lagos, provincia de Heredia, debido a que contaba con una alerta internacional de captura.
“La extradición se efectuó este viernes bajo dirección del Tribunal Penal de Liberia (de la provincia de Guanacaste) en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y con colaboración de la Policía Nacional de Migración”, indica un comunicado oficial.
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Preocupación
El Partido Humanista Social Cristiano de Nicaragua (PHSC) mostró en un comunicado preocupación por la extradición de Douglas Gamaliel Pérez Centeno.
«Entregar a un perseguido político en Costa Rica a la dictadura Ortega-Murillo es una grave amenaza a su integridad física y su vida», expuso esa agrupación política.
El documento explica que se había pedido que Pérez Centeno fuera enviado a un tercer país, pero Costa Rica no esperó la resolución de un recurso de hábeas corpus a favor del ahora extraditado.
Asalto y homicidio
El extraditado ya se encuentra bajo la orden del jugado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua.
A Pérez se le achaca haber participado en el homicidio de una policía y de una persona civil, que serían la oficial Aracelys Marisol Díaz Salinas y Pedro Pablo Chavarría Rivas, quien, al momento de su muerte, se desempeñaba como conductor de una camioneta de una empresa agro industrial que trasladaba la planilla de la empresa de un millón de córdobas.
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