Nicaragua se ha convertido en el principal país de refugio de los expresidentes de Centroamérica requeridos por la justicia de sus países.
El expresidente Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión por lavado de dinero, fue el más reciente que solicitó asilo político en la embajada de Nicaragua en Panamá a inicios de febrero alegando una supuesta persecución en su contra.
Pero anteriormente dos exmandatarios salvadoreños solicitaron asilo político en Nicaragua: Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos requeridos por sus países por actos de corrupción.
De hecho el gobierno nicaragüense, adicionalmente, les otorgó la nacionalidad tanto a Funes como a Cerén, al igual que a sus familiares que están asilados en este país centroamericano, en medio de críticas de opositores.
Son vínculos entre corruptos, dice socióloga
Expertos consultados por la Voz de América coinciden en que hay factores que influyen en esto. Uno es la falta de democracia y otra la corrupción en Nicaragua bajo el mando el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
«La corrupción compromete a fuerzas políticas de distinto espectro, de la derecha y también de la izquierda», dice al respecto la socióloga nicaragüense María Teresa Blandón.
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Blandón asegura que los gobiernos corruptos establecen «relaciones pervertidas con las élites, oligarquías e grupos criminales creando las condiciones para poder abrir las puertas a distintas formas de corrupción», de modo que considera que «abrirle las puertas a gente como Martinelli o Funes no es más que una evidencia de estas lógicas de alianzas basadas en la corrupción».
«No en vano Nicaragua aparece en primeros lugares con percepción de corrupción, eso ha sido un sello del régimen Ortega-Murillo, eso tiene un impacto hacia dentro, las lealtades del régimen tienen precisamente su corrupción», menciona Blandón.
Nicaragua ocupa el puesto 172 entre los países más corruptos del mundo, con una calificación de 17 de 100, según publicó a inicios de año Transparencia Internacional en su sitio web, ubicando a Nicaragua junto a países como Corea del Norte y Haití.
Transparencia Internacional coloca los índices de cero a 100, siendo los países con puntuación más cercana al cero los que tienen mayores índices de corrupción.
Pamela Ruiz, analista de Centroamérica en el Crisis Group, un centro de estudios que analiza la región, asegura que no es ningún secreto que Nicaragua es una dictadura, pero también «una piedrita incómoda, en términos de política».
«Nicaragua creo que se ha convertido en una especie de paraíso para prófugos de la justicia porque para estos exfuncionarios, según han notado algunas investigaciones, el proceso por el cual obtienen la residencia o la ciudadanía, o acceso a Nicaragua, es mucho más rápido o fácil en comparación con un proceso normal de migración», señala Ruiz.
Mauricio Funes, por ejemplo, recibió la nacionalidad nicaragüense por medio de un decreto en La Gaceta, diario oficial, blindándolo así de una posible extradición a El Salvador.
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El artículo 17 de la Constitución Política establece que los centroamericanos de origen tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense, sin necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarla ante autoridad competente cuando residan en Nicaragua por dos años.
«Nicaragua no solo viola los compromisos internacionales, sino que participa en el delito de encubrimiento por ser cooperador en evasión de la justicia con Funes y Cerén», dijo el abogado nicaragüense Yader Morazán a la VOA.
Por su parte Pamela Ruiz, del Crisis Group, alega que otra razón por la cual Ortega permite a estos exmandatarios que se queden en Nicaragua es porque «pretende demostrar que no juega bajo las mismas reglas con que los demás juegan».
«Muchos prófugos de la justicia podrían encontrar asilo en Nicaragua. Es como una rebeldía de querer enseñar que hacen lo que quieren», concluye Ruiz.
