La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua puso en vigor el 5 de noviembre de 2026 una normativa unificada de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El texto consolida en un solo reglamento las obligaciones que antes regían por separado a instituciones financieras y a actividades y profesiones no financieras. Sin embargo, en lo que respecta a las remesas familiares, el documento no introduce ninguna modificación: mantiene exactamente el mismo nivel de control que ya existía desde 2019.
La nueva resolución (UAF-N-027-2026) deriva de las reformas a las leyes antilavado aprobadas por la Asamblea Nacional en junio de este año. Esas reformas ampliaron facultades y el universo de sujetos obligados, pero la reglamentación específica de las remesas no fue alterada.
Las instituciones financieras siguen obligadas a aplicar la Debida Diligencia del Cliente (DDC) a toda persona que realice operaciones de remesas, sin importar el monto. Eso implica identificar al cliente, verificar su identidad y evaluar el riesgo de la operación con el objetivo declarado de prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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En la práctica, el umbral de reporte que ya estaba vigente continúa: los sujetos obligados que prestan servicios de transferencias electrónicas y remesas familiares deben presentar reportes cuando la operación alcanza o supera los 500 dólares (o su equivalente). Esa obligación proviene de la resolución UAF-N-021-2019, que no fue derogada. La nueva normativa se limitó a unificar las dos resoluciones de 2019 y a ajustar aspectos administrativos menores, como la fecha límite para la entrega de auditorías externas, que ahora es el 31 de julio.
Supervisión antilavado alcanza bienes raíces y casinos
El registro de sujetos obligados de la UAF ya supera las 2.000 inscripciones (1.850 activos y 289 inactivos al 5 de noviembre). La supervisión antilavado ya no se concentra solo en bancos; alcanza cooperativas, aseguradoras, bienes raíces, casinos, comerciantes y ciertos profesionales. Las remesas, que representan una de las principales fuentes de divisas del país, quedan bajo el mismo esquema de monitoreo que se aplicaba desde hace siete años.
En el contexto económico, las remesas proyectadas para 2026 rondan los 6.772 millones de dólares y equivaldrían a aproximadamente el 34 % del PIB, la proporción más alta de la región. La mayor parte proviene de Estados Unidos. La normativa vigente no crea nuevos filtros ni eleva umbrales específicos para estos envíos; simplemente ratifica la obligación de escrutinio que ya operaba en el sistema financiero.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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