El avance agresivo de la minería en Nicaragua ya no es solo un debate ambiental de fondo, sino una crisis directa que amenaza con dejar sin agua limpia a miles de familias.

Un nuevo e impactante informe revela que el modelo extractivista promovido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene una ocupación territorial sin precedentes, la cual ya asfixia de forma directa a 163 ríos, 80 quebradas y casi 1,900 kilómetros de la red hídrica nacional. Esta situación incrementa de manera alarmante el riesgo de contaminación por metales pesados en fuentes de agua que son vitales para el consumo humano, la pesca y la agricultura de subsistencia.

La gravedad de la situación quedó expuesta este martes 14 de julio con la presentación del Atlas de concesiones mineras de los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. El estudio, elaborado por Fundación del Río, la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia (Red Local), Fundación Sin Límites y diversas organizaciones comunitarias, advierte sobre la existencia de 62 lotes mineros activos que carcomen 18 territorios indígenas del país.

El despojo no es menor: estas concesiones abarcan más de 681 mil hectáreas, devorando más de una cuarta parte de las tierras tituladas de estas comunidades.

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Comunidades indígenas tomadas casi totalmente

El nivel de asfixia en algunas zonas es casi total. De acuerdo con el monitoreo, en el territorio de Tuahka Takaln Balna las concesiones mineras ya cubren un asombroso 88.64% de su área, mientras que en Tasba Pri Matriz Indígena la cifra llega al 83.77%, y en Mayangna Sauni Arungka «Matumbak» alcanza el 63.79%.

La amenaza ambiental tampoco es exclusiva de la Costa Caribe; en la región central de Nicaragua, las concesiones ya ocupan el 56.37% del territorio de la comunidad Chorotega Norte y el 50.05% de Matagalpa, lo que evidencia una colonización extractiva que destruye la continuidad cultural y ambiental de estos pueblos.

Cuarta parte del país entregada a las mineras

A nivel nacional, las cifras de la entrega territorial resultan escalofriantes. Hasta junio de 2026, el régimen sandinista ha entregado en concesión la cuarta parte de todo el territorio de Nicaragua (un 22% bajo concesiones industriales y un 3% catalogado como Áreas de Reserva Minera). Lejos de poner un freno a esta entrega masiva de recursos, los planes presupuestarios de la dictadura apuntan a expandir esta frontera extractivista hasta privatizar bajo el subsuelo minero el 40% del territorio nacional.

Esta entrega masiva de los bienes comunes tiene además un fuerte acento extranjero, con una marcada preferencia hacia la República Popular China. Las organizaciones alertaron que el régimen ha otorgado en tiempo récord 84 concesiones mineras a 22 empresas de capital chino. Estas adjudicaciones acumulan más de 1.2 millones de hectáreas, lo que equivale a entregar a las corporaciones del gigante asiático el 10% de toda la superficie soberana de Nicaragua.

El mayor costo de este negocio lo pagará la población con su salud y sus recursos naturales. Las organizaciones denuncian en el Atlas que las actividades mineras sobre las cuencas «incrementan el riesgo de contaminación de fuentes de agua esenciales para el consumo humano, la pesca, la agricultura y la conservación de nuestros ecosistemas». Advierten también que estos impactos podrían generar daños acumulativos e irreversibles para la vida de las comunidades locales.