El relato oficial de la supuesta efectividad del plan «Muro de Contención» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a quedar en entredicho tras un publicitado operativo en la frontera sur.

La Policía Nacional informó sobre la incautación de 750 kilos de cocaína ocultos en un furgón en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. A diferencia de los habituales operativos de la dictadura, donde extrañamente la mercancía y los millones de dólares son «dejados en el abandono» por narcotraficantes que siempre logran escapar a unos pasos de las autoridades, esta vez ses anunció con bombos y platillos la captura de un sospechoso.

Sin embargo, el supuesto «golpe» al crimen organizado internacional pierde fuerza al conocer la identidad del detenido: Roberto Bardales de León, un ciudadano guatemalteco de 66 años de edad que únicamente conducía el vehículo desde Panamá.

La droga era transportada en un cabezal Freightliner color lila y una plataforma negra con matrícula guatemalteca. El régimen informó que incautaron «54 cilindros metálicos que ocultaban en su interior 643 paquetes rectangulares».

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Una captura «pantalla»

Para los críticos, la detención de un conductor de la tercera edad no representa el verdadero rostro de una red de narcotráfico transnacional, sino que sirve de pantalla para simular investigaciones que jamás escalan hacia los verdaderos capos ni desmantelan las estructuras que operan con total libertad en el país.

De hecho, expertos legales han señalado reiteradamente que la constante de reportar «furgones abandonados llenos de dinero» en operativos anteriores podría ser una estrategia de lavado de dinero institucionalizado para ingresar recursos ilícitos directamente a las arcas del Estado sin ningún tipo de control.

Este patrón de sospechas y falta de cooperación ha provocado que Nicaragua quede totalmente marginada de los esfuerzos regionales de seguridad.

Mientras los países vecinos coordinan acciones con Washington, el régimen sandinista está excluido de la iniciativa «Escudo de las Américas», promovida por Estados Unidos para blindar el continente contra el tráfico de drogas.

Esta exclusión responde al nulo compromiso de Managua y a sus estrechos vínculos con figuras internacionales como Nicolás Maduro, a quien la justicia estadounidense acusa formalmente de liderar el «Cártel de los Soles», la organización criminal que actualmente mueve la mayor cantidad de cocaína en toda Latinoamérica.