El Ministerio Público presentó el 3 de septiembre de 2026 una acusación formal contra Vidckar José Osorno Naar y Renán Cortés Naar, hijo e hijastro de José Osorno, diputado suplente sandinista de la Costa Caribe , ante el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua.
El caso lleva el número 000500-ORM4-2026-CN. La única información pública sobre el supuesto agravio indica que el ofendido es el “Estado de Nicaragua (salud y seguridad pública)”. No se ha publicado el tipo penal concreto.
Ambos jóvenes fueron detenidos el 28 de agosto. Vecinos de la zona, que pidieron no ser identificados, relataron que Renán Cortés Naar fue interceptado por antimotines mientras supervisaba una obra en uno de sus negocios. Horas después, Vidckar Osorno Naar acudió a la estación policial de Waspam a preguntar por su hermano y también quedó retenido. En la madrugada del 29 de agosto los trasladaron a Managua. Al menos Renán se encuentra en el Sistema Penitenciario de Tipitapa; un recurso de exhibición personal en su favor fue rechazado.
El fiscal que firmó la acusación es Marcos Salvador Barrios Muñoz. El juez que recibe el expediente es Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, el mismo que en febrero de 2023 avaló destierros y confiscaciones de opositores. La audiencia inicial está señalada para el 24 de septiembre.
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José Osorno es diputado suplente de Ana Valeria Rafael Alfred, legisladora propietaria del FSLN por la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La madre de los acusados, Isolina Naar, se dedica al comercio de ferretería en la región. Vecinos de Puerto Cabezas y Waspam describen a ambos jóvenes como personas trabajadoras, sin antecedentes policiales conocidos y ajenas a la militancia política. Renán, en particular, es señalado como cristiano y padre de familia.
Hasta ahora ni la Policía ni la Fiscalía han ofrecido una versión pública de los hechos. Un abogado independiente consultado indicó que cuando el Estado aparece como víctima suele tratarse de delitos relacionados con tráfico de drogas o contaminación, pero advirtió que sin el escrito de acusación no es posible determinarlo. Las esposas de los detenidos, según testigos, recibieron advertencias para que no insistieran en preguntar por ellos.
La falta de transparencia sobre el delito, el lugar exacto de reclusión de uno de los procesados y los motivos de la captura en territorio caribeño mantiene el caso en la incertidumbre a pocos días de la primera audiencia.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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