La decisión de Daniel Ortega de acabar con los procesos electorales en Nicaragua ha provocado una respuesta diplomática inmediata de Panamá, que convocó a consultas a su embajador en Managua y rebajó el nivel de sus relaciones bilaterales.
El gobierno panameño rechazó de forma contundente las declaraciones del dictador nicaragüense, quien el pasado 19 de julio, durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista, afirmó que no habrá más elecciones para impedir que la oposición acceda al poder. Panamá considera que suprimir el derecho al voto representa un “fuerte agravio” a los principios democráticos.
Reformas para institucionalizar la ausencia de elecciones
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, anunció el inicio de sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral para elaborar reformas constitucionales y legales que formalicen la eliminación de elecciones competitivas y transparentes. Estas acciones buscan “asegurar la paz, la seguridad y la continuidad de los logros” del régimen, según el comunicado oficialista.
El chantaje de Rosario Murillo: O sumisión al sandinismo o “caos”
Con estas medidas, el régimen de Ortega y Rosario Murillo pretende modificar la Constitución para eliminar la vía electoral como mecanismo de alternancia, consolidando un modelo de partido único.
Reacciones internacionales
Panamá se suma así al rechazo expresado por Costa Rica y Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria” y llamó a la comunidad internacional a actuar de forma unida.
Nicaragua responde con furia a comunicado de Costa Rica: «Atrevidas declaraciones…»
El gobierno costarricense también manifestó su profunda preocupación por el cierre de espacios cívicos en el país vecino.
La consolidación autoritaria
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y, junto a su esposa Rosario Murillo —designada «copresidenta» en 2025—, ha mantenido el poder mediante denuncias recurrentes de fraude electoral, eliminación de la oposición y reformas constitucionales que ampliaron el período presidencial. Las elecciones generales previstas originalmente para noviembre de 2026 ya habían sido pospuestas a 2027; ahora el régimen busca borrarlas formalmente del marco legal.
Esta escalada marca un nuevo capítulo en el debilitamiento de las instituciones democráticas nicaragüenses y genera mayor aislamiento internacional para el gobierno sandinista.
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