La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó nuevamente al Estado de Nicaragua por no cumplir con las recomendaciones que ha hecho este organismo al gobierno de Daniel Ortega, después de dos años de su visita y de haber presentado su informe sobre la situación de derechos humanos en el país.
La CIDH calificó que en este 2020 en Nicaragua persiste «un estado de excepción de facto» debido a que se mantienen suspendidos algunos derechos como la libertad de movilización y la libertad de expresión, así como el derecho de reunión y asociación, a la defensa de los derechos humanos y a participar en la dirección de los asuntos públicos.
En su comunicado la CIDH alerta que en Nicaragua también existe «un patrón sistemático de medidas y acciones represivas para restringir la libertad de prensa e impedir el ejercicio del periodismo independiente en el país que ha sido ampliamente documentado por el MESENI»
🇳🇮 La impunidad en #Nicaragua es posible por falta de independencia en los poderes y por leyes contrarias al derecho internacional. Urge aplicar recomendaciones sobre justicia, verdad, reparación y no repetición. #MESENI #Nicaragua2años
📌Comunicado https://t.co/oa517ScftU
— CIDH – IACHR (@CIDH) May 19, 2020
«Todo ello en un contexto de impunidad estructural ante el debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del Poder Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y; adicionalmente, de impedimento del escrutinio internacional en terreno» agrega la CIDH.
La Comisión también recuerda que durante su visita el pasado mayo de 2018, se «observó una severa represión estatal hacia la población civil que protestaba en contra del Gobierno, caracterizada entonces por el uso excesivo y muchas veces letal de la fuerza policial; el despliegue represivo de fuerzas parapoliciales o de civiles con aquiescencia y colaboración de las autoridades estatales».
De igual manera, la Comisión calificó que el país se practicaba «la estigmatización, intimidación, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y manifestantes, entre otros; así como por la ausencia de administración de justicia; y la censura directa e indirecta a la prensa».
La Policía Nacional es la principal institución señalada de cometer crímenes de lesa humanidad – Foto: Nicaragua Investiga
En su momento, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la CIDH, valoró que las autoridades nicaragüenses habrían cometido Crímenes de Lesa Humanidad en contra de los ciudadanos que exigían la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Hasta la fecha, el gobierno de Daniel Ortega no ha garantizado justicia, verdad y reparación a las víctimas de la represión estatal. Contrario a esto, ni siquiera reconoce la cifra de 325 fallecidos que ha reportado la CIDH durante su seguimiento a la crisis político en el país.
Por otro lado, el gobierno de Ortega tampoco ha permitido la entrada de organismos de derechos humanos como la misma CIDH o la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, después de que fueron expulsados en 2018 impidiendo que realizaran su monitoreo de la situación de derechos humanos en el país.
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