La Asamblea Nacional de Nicaragua realizó una Sesión Especial en Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la cual fue presidida por el presidente del Parlamento Gustavo Porras, mismo que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por supuestamente estar involucrado violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
A esta sesión fueron invitados familiares de los agentes policiales fallecidos durante los actos de violencia en medio de la represión estatal que se desató en abril del 2018. De igual manera, en el hemiciclo parlamentario llegaron familiares de simpatizantes sandinistas fallecidos durante las protestas.
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Al parlamento también llegaron oficiales de la Policía Nacional, otra institución sancionada y señalada por los Estados Unidos de cometer violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. El comisionado general de la Policía, Ramón Avellán también estuvo presente para conmemorar el día internacional de los derechos humanos, a pesar de que él también ha sido sancionado por supuestamente verse involucrado en actos represivos a los ciudadanos.
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Según Estados Unidos, «Avellán llevó a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales. Avellan dirigió la “Operación Limpieza” en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas levantadas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbo».
Además, la administración norteamericana acusa a Avellán de provocar al menos 107 muertes y cientos de heridos por parte de agentes policiales y grupos de terceros armaros bajo su mandato.
La Procuradora de los Derechos Humanos, Darling Ríos también participó en la sesión y declaró que era política de Estado el garantizar los derechos humanos de los nicaragüenses pero no mencionó una sola palabra sobre las denuncias contra las autoridades policiales de detenciones ilegales, persecución, hostigamiento y demás acciones represivas contra opositores y periodistas nicaragüenses.
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El Poder Legislativo de Nicaragua realizó este acto en medio de las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre malos tratos en los sistemas penitenciarios del país en contra de las personas detenidas por razones políticas. Así mismo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha responsabilizado al gobierno de Daniel Ortega de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población que protesta en su contra.
Hasta la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado más de 320 personas fallecidas a causa de la represión estatal y más de mil personas detenidas por razones políticas. Actualmente, son 108 reos políticos los que permanecen en prisión según organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos.
La bancada del Partido Liberal Constitucionalista se retiró de la sesión, mientras otros como el diputado Byron Jerez se quedaron con los parlamentarios sandinistas.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras se dedicó a despotricar contra opositores y manifestantes y sentenció que el siguiente año que se celebran elecciones presidenciales en Nicaragua «no vamos a disputar el poder, vamos a defender el poder».
Porras también señaló que «defender la revolución es un derecho humano porque nos permite defender los derechos de nuestro pueblo». La llamada Operación Limpieza se llevó a cabo bajo el lema de defensa de la revolución sandinista, una frase muy utilizada por Daniel Ortega en sus discursos.
Testimonios de los asistentes
La Inspectora Damáris Hernández detalló que supuestamente son más de 400 agentes policiales los que resultaron con heridas y narró su testimonio de un supuesto «intento de asesinato» por parte de manifestantes que se mantenían tomada la Universidad Nacional de Ingeniería.
Hernández mencionó que recibió la explosión de un mortero en sus piernas y genitales, y tuvo que ser llevada inconsciente al hospital Roberto Huembes en donde pasó internada y fue sometida a 16 intervenciones.
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Manuela Miranda, abuela del simpatizante sandinista Carlos Miranda relató que su nieto falleció a manos de los «un grupo de cabezas locas, golpistas y terroristas que nada hicieron ni podrán hacer».
A pesar de que los parlamentarios se dispusieron a escuchar los testimonios de las victimas sandinistas, no hubo presencia de ninguno de los familiares de los más de 300 fallecidos que la CIDH señala como victimas mortales de la represión estatal.
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