Varios presidentes de izquierda han expresado su repudio a las violaciones a los derechos humanos perpetrados por Ortega en contra de la población nicaragüense.
CALIDH afirma que tanto funcionarios y civiles que participaron en actos violatorios a los derechos humanos, aunque estén "arrepentidos", también deben responder penalmente.
Abogados y defensores de derechos humanos, recuerdan que aunque la Asamblea Nacional apruebe la figura de "copresidenta", Ortega y Murillo ejercen un mandato ilegítimo.
La lista de personas a las que se les ha despojado de la nacionalidad nicaragüense y robado sus propiedades incluye periodistas, defensores de derechos...
Organismos internacionales de derechos humanos advirtieron que esta nueva modalidad no sólo violenta las garantías de justicia, sino también los derechos ciudadanos.
El edificio de la Comisión Permanente de Derechos Humanos fue donado y equipado con aportes internacionales, principalmente de la fundación Konrad Adenauer.