No hay esperanza de que mejore la situación sociopolítica de Centroamérica, por lo que continuarán la erosión democrática y la inseguridad en la región, provocando más migración, alerta el estudio “La disfunción de Centroamérica continúa”, realizado por el organismo Geopolitical Intelligence Services (GIS), dedicado a proporcionar información para la toma de decisiones.
“Dada la naturaleza arraigada de muchos de los problemas de América Central, es poco probable que se mejore radicalmente en los frentes políticos o sociales”, dice el estudio, firmado por John Polga-Hecimovich, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Academia Naval de los Estados Unidos e investigador asociado en FLACSO-Ecuador.
El estudio, reproducido por el medio guatemalteco Centro América 360, señala que los siete países de la región (Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) han aparecido en las noticias por razones equivocadas.
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Recalca que, desde 2018, Nicaragua se ha convertido en un régimen autoritario, con Daniel Ortega deteniendo y encarcelando a opositores políticos, intelectuales, exministros, miembros del partido gobernante e incluso miembros de alto rango de la Iglesia católica. Además, las oenegés deben registrarse como “agentes extranjeros” y el gobierno ha atacado lo que queda de la prensa libre.
“Como en el pasado, los gobiernos individuales, junto con las élites dominantes, serán responsables de progresar en los márgenes o de supervisar un mayor deterioro a través de la corrupción continua, la baja inversión pública y la erosión democrática”, afirma la investigación.
Según el análisis, “el escenario más probable a corto plazo es que los países centroamericanos mantengan sus trayectorias políticas, ya sean positivas o negativas”, aclarando que en Costa Rica la situación es más benévola.
“Lamentablemente, para gran parte de la región, esto significa erosión democrática o incluso autocracia”, subrayan.
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Nicaragua el peor caso
Resalta que en en Nicaragua quienes desean un cambio político están encarceladas o en el exilio. «Esto significa que Ortega continúa gobernando como dictador, con poco rechazo de un círculo interno cada vez más pequeño”, advierten.
Los patrones existentes también significan “una falta de compromiso con la lucha contra la corrupción o la inversión en instituciones de transparencia y rendición de cuentas, como el sistema de justicia”.
“Si bien las tendencias recientes no son esperanzadoras, es posible desviarse de este curso, especialmente en lugares que todavía se celebran elecciones abiertas y donde se permite a las autoridades investigar y denunciar la corrupción”, agrega el análisis.
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Inseguridad se mantiene
El tema de la seguridad es una de las preocupaciones de política pública más destacadas de la región, pero, este aspecto, el estudio tampoco es probable que se vea un cambio radical.
“Esto significa confiar en una mano de hierro contra las pandillas callejeras y la violencia”, señalan.
Según los investigadores, si solo se toman en cuenta estrategias como las de Nayib Bukele en El Salvador y Xiomara Castro en Honduras para atraer electores, pero se ignoran las causas fundamentales del problema, a largo plazo, es menos probable que se frene la violencia ni la migración a los Estados Unidos.
“La reducción de la violencia requiere una inversión a largo plazo y multifacética en la mejora de la educación, la prosperidad y las oportunidades laborales, así como una mayor inclusión social”, señala el estudio.
Democracia y corrupción
Las noticias, en los temas de democracia y corrupción, no son buenas para ninguno de los países centroamericanos, pero el más preocupante es el de Nicaragua, con Daniel Ortega como dictador.
El estudio también señala a los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras por haber “debilitado las ya frágiles democracias de sus países al concentrar el poder en el ejecutivo, atacar a la prensa y desmantelar los organismos independientes anticorrupción”.
También remarca que “la corrupción es desalentadoramente común e incluso tolerada”.
“Los escándalos han acosado a los gobiernos de El Salvador, Honduras y especialmente de Guatemala, y la respuesta oficial ha sido atacar el estado de derecho socavando o cooperando el sistema de justicia y la prensa independiente”, dice el análisis.
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