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Dictadura de Daniel Ortega cerró el espacio cívico y democrático en Nicaragua, denuncia la CIDH

El organismo de la OEA determinó que el régimen ha cerrado 3,390 oenegés de 7,227 que existían en abril de 2018.

El Ministerio de Gobernación (Migob) ha cancelado más de 3,000 oenegés. Nicaragua Investiga/NI

La cancelación de la personería jurídica de 3,390 oenegés, de 7,227 que existían en abril de 2018, representa el mejor ejemplo del ataque al pluralismo que ha ejecutado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, denunció este jueces en un informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe aborda por primera vez el concepto de espacio cívico en el contexto de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua desde las protestas de 2018.

El cierre de los organismos no solo ha afectado de los integrantes de estas entidades, sino que también ha derivado en impactos incuantificables para la población nicaragüense en general, afirma el documento.

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No hay condiciones para la participación

La situación significa que en Nicaragua no existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política de manera libre y segura, considera la CIDH.

Además, el régimen tiene obstaculizado cualquier intento de manifestación en las calles o de que un grupo de personas se reúna en algún lugar público determinado. Así, la dictadura tiene cortados los derechos de los nicaragüense como la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de asociación.

Persecución a la iglesia

A partir de 2022, el panorama se ha agravado por la persecución a la iglesia católica y actualmente prevalece una política de represión sistemática contra cualquier persona considerada opositora, añade.

El régimen no podría hacerlo si los demás poderes del Estado no estuvieran sometidos al Ejecutivo, en un escenario donde no existen los límites y los contrapesos al poder que ejercen Ortega y Murillo en el país, determina el informe.

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Cese de represión y liberación de presos políticos

Al final del informe, la CIDH le recomienda a la dictadura que detenga la represión y la persecución contra quienes considere opositores y que libere a todos los presos políticos que tiene en su poder.

También, que respete a los medios de comunicación y no los censure, que no siga confiscando y más bien devuelva lo confiscado. Igualmente pide que no realice más detenciones arbitrarias, ni persiga más a la iglesia.

Especialmente, le piden que deje sin efecto las cancelaciones de las personerías jurídicas de las oenegés cerradas.

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