Congresistas demócratas y republicanos exhortan al jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken a «movilizar una respuesta internacional» diplomática para poner fin a la represión en Nicaragua, en una carta divulgada el jueves.
Los esfuerzos realizados por el gobierno del presidente demócrata Joe Biden «por sí solos han sido insuficientes para disuadir un patrón sistémico y actual de represión estatal dirigido a todos los actores de la oposición en el país», escriben.
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Para que «no se olvide la difícil situación del pueblo nicaragüense», piden a Blinken que utilice «todas las autoridades legislativas y herramientas diplomáticas a su disposición para movilizar una respuesta internacional sólida y coordinada con el fin de promover una solución diplomática para restaurar la democracia en Nicaragua».
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en la cárcel, se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
Según un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU las acciones de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo constituyen crímenes de lesa humanidad.
El Congreso estadounidense está pendiente de reautorizar una ley que condiciona las inversiones en Nicaragua, que expiró en diciembre, pero los cinco congresistas demócratas y cuatro republicanos estiman que el gobierno tiene margen para actuar.
Recomiendan que se aplique «plenamente» la llamada ley RENACER y una orden ejecutiva que autorizan «acciones adicionales» para «incentivar al régimen Ortega-Murillo a cambiar de rumbo».
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Se trata de «reevaluar los beneficios» de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA) y supervisar los préstamos concedidos por instituciones financieras internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En su opinión el gobierno demócrata debería apoyar más a la sociedad civil exiliada y a los líderes de la oposición y aplicar de forma más estricta las restricciones de visa para «limitar el enriquecimiento corrupto de funcionarios clave y familiares del régimen Ortega-Murillo, incluso en relación con el sector del oro».
Los congresistas consideran «imperativo» responsabilizar y presionar a Managua «para que lleve a cabo iniciativas diplomáticas que aseguren la liberación de todos los presos políticos, restablezcan espacios cívicos para la libertad de expresión y la libertad religiosa y pongan fin a la represión sistémica y abusos contra los derechos humanos».
Pero creen que debe hacerse «en estrecha consulta y coordinación» con los socios de América Latina.
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