Desde el 18 de abril de 2018 la dictadura de la familia Ortega-Murillo ha cometido violaciones masivas de derechos humanos que finalmente la Comunidad Internacional reconoció como crímenes de lesa humanidad ¿Cuáles son esos delitos a la luz de la justicia internacional? Aquí te lo explicamos.
Al amanecer del 16 de junio de 2018, en Managua, paramilitares y policías prendieron fuego a una vivienda con seis personas adentro. Dos niños y una bebé, junto a sus padres, murieron calcinados por órdenes de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes dieron luz verde a sus fuerzas de seguridad para desmontar a sangre y fuego las protestas.
En menos de seis meses, del 18 de abril al 23 de septiembre, la dictadura sandinista ejecutó a 355 personas, incluyendo mujeres y niños; hirió a más de 4,000 nicaragüenses de todas las edades; torturó a miles, secuestró y desapareció a cientos; y violó a mujeres y hombres.
También persiguió, enjuició y condenó por igual a periodistas y activistas de derechos humanos; sacerdotes, ambientalistas, campesinos, feministas, empresarios, estudiantes, comerciantes, médicos y socorristas.
La marca de los crímenes de lesa humanidad
Por varios meses, el horror sandinista en Nicaragua y en el mundo era nombrado formalmente como “abusos” y “violaciones” a los Derechos Humanos.
Hasta que llegó el 21 de diciembre de 2018 cuando se grabó, para la historia y el mundo, el verdadero nombre de la brutalidad rojinegra de la familia Ortega-Murillo: Crímenes de Lesa Humanidad.
Aquel día, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó los resultados de su investigación In Locus sobre los hechos de represión ordenada por Ortega y Murillo contra la sociedad en general en Nicaragua, durante el periodo del 18 de abril al 30 de mayo.
La presentación se iba a realizar en Managua, pero la dictadura, furiosa por los hallazgos, expulsó a la misión internacional y le exigió archivar los resultados, una exigencia vana porque no tenían poder de mando sobre los investigadores.
En breve, el informe revelaba la implementación de una política de Estado, dirigida por Ortega y Murillo, orientada a liquidar las protestas mediante el uso de la fuerza letal de la policía y fuerzas de choque organizadas y financiadas por el régimen.
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En el breve periodo investigado, los especialistas contabilizaron 109 asesinatos, la mayoría por armas de fuego y disparos focalizados en cabeza, cuello y tórax. Francotiradores de la policía y posiblemente del Ejército usaron armas de guerra para matar protestantes desde puestos de altura, como el estadio nacional donado por Taiwán a un costado de la catedral de Managua.
La misión integrada por Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz Bailey y Pablo Parenti, lo dejó claro en su informe: la matanza contra los civiles bajo las órdenes de Ortega y Murillo, ejecutadas por las fuerzas policiales y terceros armados, constituyen crímenes de lesa humanidad.
El informe, aún disponible en internet en una plataforma que presenta mapas, diagramas, videos y textos, ordenados cronológicamente, es una verdadera galería del terror ordenado por la familia Ortega-Murillo.
Desde entonces, y a la fecha, dos informes más amplios y de carácter investigativo más profundo realizados por expertos de Naciones Unidas, han reiterado con abrumadora cantidad de pruebas, los hallazgos de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua desde el 2018 a la fecha.
¿Qué se entiende por crímenes de lesa humanidad?
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), fue adoptado por la comunidad internacional el 17 de julio de 1998 en una sesión especial en Italia.
El documento establece la creación de un marco jurídico para que CPI dicte justicia sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el ámbito internacional.
El artículo 7 del Estatuto detalla cuáles son los delitos considerados “de lesa humanidad” por la CPI:
1. Asesinato
2. Exterminio
3. Esclavitud
4. Deportación o traslado forzoso de población
5. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional
6. Tortura
7. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable
8. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte
9. Desaparición forzada de personas
10. El crimen de apartheid
11. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Delitos de lesa humanidad en Nicaragua
La última mención a delitos de lesa humanidad cometidos en Nicaragua bajo la dirección de la familia Ortega-Murillo, las detalló el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN), compuesto por Jan-Michael Simon (presidente), Ángela María Buitrago y Ariela Peralta Distefano.
En par de informes consecutivos, en 2023 y en 2024, el grupo de especialistas ha mencionado claramente sus consideraciones jurídicas para responsabilizar a la dictadura de la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua desde 2018 a la fecha.
Si bien Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma, un proceso judicial por la comisión de crímenes de lesa humanidad puede ser impulsado por países miembros y la persecución de los sospechosos es de jurisdicción internacional.
Si bien las investigaciones del Grupo de Expertos identifican claramente tres crímenes de lesa humanidad ejecutados permanentemente por la dictadura sandinista, otras organizaciones de derechos humanos como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la organización Amnistía Internacional identifican otros más.
Según GHREN, los crímenes de lesa humanidad identificados en Nicaragua incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura, persecución por razones políticas, religiosas y étnicas; privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país; todos ellos no como un fenómeno aislado, “sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
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Asesinatos
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la dictadura de Nicaragua es la responsable directa del asesinato de 355 personas desde 2018 a la fecha, incluyendo el asesinato de niños, familias enteras como la del barrio Carlos Marx, incinerada por policías y paramilitares; estudiantes, campesinos, mujeres, obreros y hasta policías que intentaban desertar.
Los asesinatos incluyen hechos atroces como la negación de atención médica a heridos, ordenada por la ex ministra de Salud, Sonia Castro, en el caso de Alvarito Conrado; ejecuciones a quemarropa a detenidos en protestas; disparos con francotiradores a manifestantes. Palizas hasta la muerte como el caso del estudiante Keller Steven Pérez Duarte y ejecuciones con torturas a campesinos opositores.
Ataque contra una población civil
Se entiende como una línea de conducta o que implique la comisión múltiple actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización para promover esa política y cometer ese ataque.
Desde 2018 el régimen ha desatado ataques con uso de fuerza letal contra marchas ciudadanas y ataques jurídicos, penales y administrativos contra organizaciones civiles, medios de comunicación, gremios empresariales, instituciones religiosas, entidades educativas y toda institución o gremio privado o no gubernamental.
Deportación o traslado forzoso de población
Se entiende como el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos de las autoridades o fuerzas armadas, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional.
Desde el destierro masivo de 222 presos políticos en febrero de 2023 a Estados Unidos, la dictadura de los Ortega-Murillo ha desterrado a cientos de nicaragüenses, incluyendo sacerdotes, médicos, empresarios, periodistas y familiares de víctimas de la represión, causando intencionalmente dolor o sufrimientos graves a familias enteras.
Torturas
Se entiende por tortura la política de causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona bajo custodia o control del régimen.
Una investigación presentada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en abril de 2023, reveló que al menos 158 personas, ex presos políticos del régimen de Ortega por los sucesos de abril de 2018, recibieron algún tipo de tortura, tanto física como psicológica.
Según el informe, algunos métodos de tortura aplicados a los presos políticos han sido condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, colgamientos, simulación de ejecución o asesinato y extracción de uñas.
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Encarcelación u otra privación grave de la libertad física
La CPI entiende por privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional, los juicios sin garantías y condenas arbitrarias en razón de la identidad del grupo o de la colectividad.
De acuerdo a diversos reportes de derechos humanos, nacionales e internacionales, desde 2018 a la fecha, más de 1,500 personas han sido detenidas, juzgadas y condenadas arbitrariamente por la dictadura de Ortega-Murillo.
Más de 100 continúan detenidos injustificadamente en las cárceles del régimen Ortega-Murillo.
Persecución
La dictadura Ortega-Murillo ha establecido como política de represión la persecución a las organizaciones de la sociedad civil y directivos; medios de comunicación y periodistas; comunidades indígenas y líderes comunitarios; gremios empresariales y representantes del sector privado; instituciones religiosas y líderes como sacerdotes, monjas, feligreses; partidos políticos y dirigentes; activistas de derechos humanos y toda clase de organizaciones no gubernamentales.
Desaparición forzada de personas
La CPI entiende este crimen de lesa humanidad como la aprehensión, detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
Desde 2018, la policía y grupos paramilitares involucrados en la represión, han secuestrado a personas consideradas opositoras y las mantienen en condición de desaparición forzada, sin notificar a las familias o sin ingresarlos a las bases de datos de las instituciones judiciales.
En agosto de 2021, Amnistía Internacional concluyó en un informe que en Nicaragua se practicaba la desaparición forzada contra al menos 10 presos políticos como un nuevo método de represión. Los casos documentados por el organismo son los de Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Hugo Torres y Dora María Téllez.
El caso más reciente es el del diputado indígena Brookling Rivera, secuestrado en septiembre de 2023 y desaparecido desde entonces sin que se sepa públicamente su paradero.
Violaciones sexuales
Un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, de abril de 2023, detalla numerosos testimonios de violencia sexual perpetrados por policías, paramilitares y civiles en el marco de las protestas de 2018, contra al menos 113 personas.
Según la investigación, siete de 28 mujeres fueron víctimas de violación y las restantes de algún otro tipo de abuso sexual. En el caso de los hombres, el documento registra dos casos de violación y 88 casos de abuso sexual.
El informe de 2018 del GIEI, también señaló que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
