El dictador Daniel Ortega no da tregua con las iniciativas de reformas a las leyes que aumentan medidas autoritarias en Nicaragua. Este martes presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Migración y Extranjería para legalizar las negativas de ingresos al país y arrebatar las nacionalidades, algo que venía ejecutando de facto.

La presente iniciativa contiene la decisión soberana del Estado de Nicaragua de otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicaragüense adquirida.

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El artículo 10 en el punto número 12 establece que Migración y Extranjería está autorizada para denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social.

En el número 13 se lee que Migración y Extranjería puede otorgar, denegar o cancelar las prórrogas de estancia y residencia a los ciudadanos de otras nacionalidades. Es decir, pueden ejecutar expulsiones del país a cualquier persona extranjera que se encuentre en Nicaragua, como ha sucedido con sacerdotes.

Protección a políticos acusados de corrupción y destierro a disidentes

Con la nueva reforma, le darán asilo a aquellos que son perseguidos supuestamente por luchar en pro a la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. Sin embargo, el régimen le da asilo a políticos que son acusados por corrupción o lavar dinero público, como los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. En caso que se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviárselo al país donde fuese perseguido, dice la reforma al artículo 27.

El régimen, por su parte, podrá revocar la permanencia en el país a aquellos que fomenten desestabilizar políticamente el país, que realicen actos que atenten en contra de la moral y buenas costumbres, o cuando publique o difunda información falsa o maliciosa, que supuestamente ponga en peligro la estabilidad social, económica, el orden, la salud pública y la seguridad del país.

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Los periodistas, sacerdotes, laicos y disidentes del régimen han sido acusados por supuestamente divulgar noticias falsas al exponer la realidad que se vive a lo interno de Nicaragua, la respuesta de la dictadura como medida represiva, es la acusación de traición a la patria, el destierro y en algunos casos le arrebatan la nacionalidad.

Ahora perderán la nacionalidad quienes hayan sido condenados por supuestos actos de traición y aquellos que de manera directa o indirecta promuevan, dirijan, inciten, atenten, financien, gestionen acciones internas o externas que menoscaben la soberanía e independencia del país.

Los fundamentos de la dictadura

El régimen se fundamenta en que supuestamente está “comprometido con la paz, tranquilidad, seguridad y convivencia social” de los nicaragüenses, mientras la Policía al servicio del dictador realiza secuestros, persecución, vigilancia y desapariciones forzosas a lo interno de Nicaragua.

Ortega sostiene que con estas reformas pretenden garantizar la entrada y salida de los nicaragüenses y de otras nacionalidades, cuando Nicaragua se ha convertido en un negocio del régimen para ofrecer vuelos chárter.

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Un informe emitido en junio de este año, revela que la dictadura recibió 1,145 vuelos chárter cargados de migrantes, entre julio de 2023 y enero de 2024. Por Managua, en esos siete meses, pasaron un aproximado de 171,750 migrantes, para un promedio de 798.8 diarios, en 5.3 vuelos también diarios.

Sin embargo, la dictadura quiere permitir ahora con las reformas que se adquiera más de una subcategoría migratoria, incorporando la categoría de “Visa de Negocios”, para que supuestamente sea acorde a la promoción de la inversión y convenios bilaterales.