En un claro gesto de diferenciación política, el gobierno de Nayib Bukele ha marcado distancia respecto al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, principalmente por la acogida sistemática que este último brinda a exfuncionarios salvadoreños perseguidos por corrupción y otros delitos. Así lo expuso el analista político Herbert Esmahan esta mañana en la Entrevista AM de Canal 10 de El Salvador.
“El Salvador se ha distanciado políticamente de Nicaragua, ya que ha sido albergue de personas que están huyendo de la justicia salvadoreña”, afirmó Esmahan y extendió esa separación también a Venezuela. Según el analista, Bukele ha priorizado la defensa de «la soberanía democrática y la institucionalidad», rechazando alinearse con gobiernos que protegen a quienes evaden procesos judiciales en sus países de origen.
Un patrón consolidado en Nicaragua
Durante años, Nicaragua se ha consolidado como un destino seguro para exdirigentes del FMLN salvadoreño. Mauricio Funes, presidente entre 2009 y 2014, llegó en 2016, obtuvo asilo político y nacionalidad nicaragüense, y fue condenado en ausencia a 28 años de prisión por casos de corrupción, entre ellos la negociación de treguas con pandillas y desvío de fondos públicos. Falleció en territorio nicaragüense a inicios de 2025 sin responder ante la justicia de su país.
Su sucesor, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), siguió un camino similar: huyó a Managua en 2020 tras una orden de captura por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra más de 350 millones de dólares. Recibió la nacionalidad nicaragüense en 2021, lo que bloquea cualquier extradición efectiva.
Reportes internacionales han documentado cómo el régimen sandinista ha extendido protección y ciudadanía a decenas de extranjeros buscados, aprovechando la ausencia de tratados de extradición y la prohibición constitucional de entregar a sus nacionales. Esta política ha convertido a Nicaragua en un santuario regional para prófugos, más allá de los salvadoreños.
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— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) June 15, 2026
Es importante destacar que el gobierno de El Salvador también ha sido objeto de críticas sobre el tratamiento de los derechos humanos y crisis de institucionalidad.
Amnistía Internacional (AI) denunció esta semana que cientos de personas han muerto en prisión y más de 90.000 fueron detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción que sustenta la guerra antipandillas en El Salvador, lo que constituiría «crímenes de lesa humanidad».
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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