En una maniobra que ratifica el control absoluto de la copresidencia sobre el aparato estatal, la Asamblea Nacional oficializó el nombramiento de la exfiscal general y magistrada sancionada, Ana Julia Guido Ochoa, como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La designación llega inmediatamente después de que se formalizara la renuncia de la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, quien presidió el máximo tribunal de justicia durante trece años hasta ser despojada de facto de sus funciones en octubre de 2023.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, leyó la carta de renuncia de Ramos, quien alegó que su retiro se debe a motivos de «salud» y aseguró que a pesar de esto conserva «su lealtad» a la pareja dictatorial y al sandinismo. De inmediato Porras sometió a votación el nombramiento de Ana Julia Guido en sustitución de Ramos y José Manuel Fuertes Toledo como vicepresidente.
La salida oficial de Ramos marca la caída definitiva de quien fue una de las figuras más fieles del sandinismo judicial y operadora clave en el andamiaje jurídico del régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, su lealtad histórica no la libró de la barrida institucional ejecutada desde El Carmen. Tras casi tres años bajo defenestración y asedio, la expresidenta de la CSJ interpuso una renuncia justificada en aparentes motivos de salud, cerrando un ciclo marcado por las purgas internas y la concentración de mando impuesta por Rosario Murillo.
Un Poder Judicial reducido a apéndice de la Presidencia
La llegada de Ana Julia Guido a la cabeza del órgano judicial se produce dentro de una estructura institucional completamente desmantelada en su independencia. Tras la reforma a la Constitución Política promovida por Murillo a finales de 2024 —la cual supeditó formalmente todos los poderes del Estado y organismos constitucionales a la Jefatura de Estado y de Gobierno—, la CSJ perdió toda autonomía formal y vio reducida su composición de 16 a 10 magistrados.
Con esta reestructuración, la administración de justicia pasó a funcionar abiertamente como una correa de transmisión del Poder Ejecutivo, eliminando cualquier vestigio de la separación de poderes consagrada en la Carta Magna.
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El perfil de la nueva titular: lealtad y persecución
Ana Julia Guido, veterana militante sandinista, excomisionada general de la Policía Nacional y sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unión Europea, asume el control del Poder Judicial tras un dilatado historial en el Ministerio Público. Como Fiscal General de la República (2014-2025), Guido fue señalada por organismos de derechos humanos internacionales y defensores independientes de coordinar la fabricación de expedientes penales y el uso del sistema penal para encarcelar a opositores, activistas, sacerdotes y periodistas.
En diciembre de 2025 fue transferida al máximo tribunal como magistrada y presidenta de la Sala Constitucional, escalando rápidamente en el esquema de poder promovido por el régimen. Su nombramiento como presidenta del tribunal supremo busca afianzar la disciplina de hierro dentro del cuerpo de jueces y magistrados a nivel nacional.
La transición entre Ramos y Guido no representa un cambio en la orientación ideológica de la Corte Suprema, sino la consolidación de una hegemonía interna donde el relevo de la vieja guardia sandinista da paso a operadores alineados sin fisuras a la estructura directiva de Rosario Murillo. Para defensores de derechos humanos y juristas en el exilio, la CSJ no solo ha perdido su independencia técnica, sino que se reafirma como el principal brazo represivo e instrumentalizador del derecho en Nicaragua.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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