En una demostración inédita de lo que la oposición y organismos de derechos humanos han denunciado por años, las recién nombradas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua admitieron públicamente que el Poder Judicial carece de independencia y funciona bajo el mando directo de la pareja dictatorial.
Durante una entrevista en el programa En Vivo del oficialista Canal 4, la presidenta electa del tribunal, Ana Julia Guido, y el vicepresidente Manuel Fuertes, expusieron sin matices cómo la justicia nicaragüense ha sido instrumentalizada para garantizar la permanencia del régimen y legalizar la persecución penal contra voces disidentes.
«Ellos son los que dirigen»: El fin de la separación de poderes
Lejos de defender la autonomía judicial que establece la Constitución nicaragüense, la magistrada Ana Julia Guido dejó claro desde el inicio de su intervención que las directrices de la CSJ no se toman de forma independiente.
«El sistema de justicia es parte de los órganos del Estado y nosotros respondemos a los copresidentes porque es un órgano del Estado y ellos son los que dirigen», confesó abiertamente en referencia al mandatario Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Esta sumisión orgánica quedó sellada al explicar el origen de su propia designación en el cargo. Guido admitió que su ascenso no obedeció a una carrera judicial o a un proceso legislativo independiente, sino a una decisión autocrática: «No es casualidad que tengamos nosotros, pues en este caso, haya decidido el comandante Daniel y la compañera Rosario tomar esta decisión de poner al frente a una mujer al frente del sistema de justicia».
Por su parte, el vicepresidente Manuel Fuertes reforzó este lineamiento al confirmar que operan bajo un «mandato de los copresidentes» y asegurar, al cierre de la entrevista, que la labor del Poder Judicial será absolutamente «consecuente y fiel» a los dictados de Ortega y Murillo.
La fábrica de leyes represivas post-2018
El segundo flanco revelado en la entrevista expone cómo el régimen utiliza al Legislativo y al Judicial como una maquinaria conjunta para revestir de legalidad la represión estatal desatada tras las protestas ciudadanas de abril de 2018.
Guido admitió explícitamente que el paquete de normativas punitivas aprobadas en los últimos años —que incluye la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, reformas contra el lavado de dinero y la instauración de la cadena perpetua— fue diseñado con el propósito político de neutralizar a quienes cuestionen al gobierno.
«Después del 18 efectivamente se tuvieron que elaborar y reformar una serie de leyes», señaló la magistrada, justificando que estas medidas se tomaron para «proteger al Estado» y «establecer penas más fuertes» contra los manifestantes, a quienes el discurso oficial califica de terroristas.
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Estas leyes represivas, lejos de responder a la doctrina penal internacional, son consideradas por la presidencia de la CSJ como insumos operativos de primer orden. De acuerdo con Guido, estas normas sirven «para poder nosotros tener más herramientas de trabajo» que les permitan procesar judicialmente a los ciudadanos una vez que la Policía y la Procuraduría General de la República les remiten los casos.
Con estas declaraciones, las máximas autoridades de la CSJ confirman que en Nicaragua la ley no se aplica para garantizar los derechos constitucionales, sino como un escudo protector del régimen y un garrote legalizado contra los nicaragüenses
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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