La codictadora Rosario Murillo fijó el calendario y dejó en segundo plano el anuncio de Gustavo Porras. El presidente de la Asamblea Nacional había dicho el sábado, en Matagalpa, que la reforma constitucional se aprobaría el 21 de septiembre. Murillo, en cambio, adelantó que el martes 1 de septiembre, en León, el Parlamento realizará la sesión solemne en la que el oficialismo dará por cerrada la consulta y llevará el texto a votación.
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El contraste no es menor. Porras es el operador legislativo más cercano a Murillo, pero la fecha que prevalece es la que ella comunicó: 1 de septiembre, en la ciudad de Rubén Darío. Ese día, según el anuncio oficial, se presentarán los resultados de lo que el régimen llama una consulta “multitudinaria e hiperdemocrática” y se dará el paso formal de aprobación en primera legislatura.
Porras había proyectado un atraso de tres semanas, coincidente con la reunión de cancilleres de la OEA propuesta para el 17 de septiembre. Murillo acortó los plazos y situó el acto en León apenas 48 horas después de este lunes 31 de agosto. El mensaje interno es claro, el calendario lo marca ella, no el presidente del Parlamento.
Poder vitalicio
La reforma, impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, alarga de seis a siete años los mandatos de cargos electos, de las jefaturas del Ejército y la Policía y de otros nombramientos. Otorga al Consejo Supremo Electoral la potestad de cancelar partidos que el régimen considere financiados desde Estados Unidos y cambia la toma de posesión presidencial del 10 al 18 de enero. También busca impedir la participación de quienes las autoridades etiquetan como “golpistas”, “traidores” o “agentes del extranjero”.
Porras insistió en que “no podrán participar” esos grupos. Murillo, al fijar León y el 1 de septiembre, cerró el trámite de consultas y ordenó el paso siguiente, la votación. La reforma aún requiere una segunda legislatura en 2027 para entrar en vigor, pero el oficialismo quiere mostrar el primer sello cuanto antes.
El 19 de agosto el Consejo Permanente de la OEA aprobó, con 29 votos, convocar a los ministros de Exteriores por el anuncio de Ortega de que no habrá elecciones competitivas y por este paquete de cambios constitucionales. Estados Unidos impulsó esa cita. Varios gobiernos, Naciones Unidas y organismos de derechos humanos han condenado el proceso. El régimen mantiene al menos 60 presos políticos, según el mecanismo de seguimiento.
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Al adelantar la fecha que Porras había corrido hasta el 21, Murillo evitó que la votación quedara explícitamente atada al resultado de Washington. El 1 de septiembre, en León, el Parlamento controlado por el oficialismo buscará convertir en texto constitucional lo que hasta ahora ha sido una consulta entre leales.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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