El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a recular en sus propios plazos legislativos y reprogramó, por tercera vez consecutiva, la aprobación en primera legislatura de la polémica reforma a la Constitución Política.
La maniobra, que busca sepultar definitivamente la competencia electoral e imponer de manera explícita un esquema de «presidencia renovable» cada siete años, se consumará ahora el próximo 21 de septiembre.
El anuncio sobre este nuevo aplazamiento fue realizado por el titular de la Asamblea Nacional y leal del régimen, Gustavo Porras, quien confirmó que la comisión parlamentaria concluirá su farsa de «consultas» el 1 de septiembre, para postergar la votación decisiva casi tres semanas más.
«El 21 de septiembre vamos a aprobar la reforma a la Constitución que hemos venido trabajando», declaró Porras con tono desafiante, rematando con una clara velada de revanchismo político: «Llegó la hora de irnos cobrando».
La cronología de los cambios
El afán de la dictadura por modificar la Carta Magna inició con el incendiario discurso de Daniel Ortega durante el acto del 19 de julio en Managua, cuando sentenció de forma tajante la anulación de la democracia representativa en el país.
«Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», sentenció Ortega en esa ocasión.
Tras la orden ejecutiva, Porras presentó a toda prisa la iniciativa prometiendo una aprobación relámpago a inicios de agosto. Sin embargo, el estallido de un inmediato rechazo internacional obligó la intervención de Rosario Murillo el 27 de julio. La vocera del régimen congeló la prisa del parlamento alegando la simulación de un «diálogo legislativo amplio» que fijaba la votación para inicios de septiembre, fecha que nuevamente ha sido rebasada y pospuesta para finales del mes.
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Presión internacional en el horizonte
El constante frenazo de la dictadura coincide con un escenario diplomático adverso y de alta tensión. La reprogramación para el 21 de septiembre sitúa la votación justo después de una reunión de cancilleres convocada de forma urgente por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington y que se preveé para el 17 de septiembre.
El foro regional buscará decidir medidas de presión multilaterales frente a lo que consideran la abolición definitiva del Estado de derecho en Nicaragua. Gobiernos de la región e instancias internacionales —entre ellos Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Chile, Brasil, la Unión Europea y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk— han expresado su tajante rechazo a la deriva totalitaria del régimen orteguista.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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