Gobierno sigue presionando a familia de Juan Sebastián Chamorro

La familia del opositor Juan Sebastián Chamorro ha recibido una notificación del juez indicando el nombre del perito valuador que se encargará de subvaluar las propiedades que les fueron embargadas desde el pasado año. Según Chamorro se trata de una ilegalidad del debido proceso y «una muestra clarísima de la politización e instrumentalización del Poder Judicial».

Embargan propiedades de la suegra de Juan Sebastián Chamorro

Guillermo José García Sarria ha sido nombrado como perito valuador en el proceso de subasta de las siete propiedades que pertenecen a Victoria Lacayo, suegra del opositor. Chamorro destacó que con este perito que ha sido nombrado «la Alcaldía de Managua pretende usurpar y robarse» los bienes de su familia, para que estos sean subastados y «la Alcaldía de Managua se apropie de ellas».

Desde el pasado septiembre de 2020, el opositor denunció que la comuna capitalina abrió un proceso legal contra su esposa Victoria Cárdenas, su suegra y su cuñada por un reparo fiscal de más de 9 millones de córdobas, ya que supuestamente la empresa urbanizadora Intermezzo del Bosque —propiedad de la suegra de Chamorro— no reportó impuestos entre los años 2017 y 2019 por unos ingresos de más de 325 millones de córdobas. Sin embargo, la familia ha negado los hechos.

Lote superior a deuda

Chamorro asegura que se trata de una ilegalidad en el proceso ya que uno de los siete bienes, un lote en particular, tiene un avalúo catastral —elaborado en una demanda hecha por la DGI a Intermezzo del Bosque— con una valoración que asciende a los 18 millones de córdobas, es decir que solamente con la adjudicación de ese lote se pagaría la demanda de 9.7 millones de córdobas «y todavía habría un vuelto que dar» agrega el opositor.

De igual forma, explica que el Código Procesal Civil establece que cuando hay una valoración de un bien por parte del Estado, esa es la que debe regirse y cuentan con evidencia de que hay una instancia del Estado de Nicaragua que valoró el bien en 18 millones de córdobas, «por lo tanto no debería de haber necesidad de un perito valuador, porque el Juez está obligado a aceptar el avalúo del Estado de ese bien en particular». Sin embargo, les fue rechazada la apelación y asegura que «el Juez no quiere oír de esta evidencia».

El opositor denuncia que existe una doble ilegalidad pues «por un lado, van a nombrar a un perito cuando la Ley establece que habiendo un avalúo ya existente este es el que debe regirse, y en segundo lugar se pasan por encima de un avalúo de ellos mismos como Estado de Nicaragua».