Esta mañana la Comisión Especial para Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional convocó a una conferencia de prensa para informar que, de los 19 partidos políticos que cuentan con personería jurídica en Nicaragua, 15 de estos ya han participado en las consultas sobre la propuesta de reforma a la Ley Electoral (Ley 331).
Para el próximo lunes, la Comisión Especial se estará reuniendo con representantes del Partido Restauración Democrática (PRD), del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Camino Cristiano, y del Partido Mosquitia Pawanka; que son los 4 partidos que faltan aún por ser consultados sobre las reformas.
Desde el pasado 21 de abril, la comisión se ha reunido con representantes del Partido Liberal Independiente (PLI), el Partido Unidad Costeña, el Partido Alianza por la República (APRE), Partido Conservador de Nicaragua (PC), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Partido Alternativa por el Cambio (AC), Partido Yatama,Partido Unidad Cristiana, Partido Indígena Multiétnico (PIM) , Partido Autónomo liberal (PAL), Partido Myatamaran, del Partido Liberal Nacionalista y del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Estos serían los 15 partidos políticos consultados hasta el momento.
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Los únicos que tenían acceso a las consultas realizadas entre la comisión y los partidos políticos hasta ahora eran los medios de propiedad de la familia gubernamental. Se desconoce si durante las consultas se estarán consultando también con organizaciones civiles, como lo establece la Ley.
Demandan nueva reforma
La polémica propuesta de reforma electoral presentada por la bancada oficialista el pasado 14 de abril ha generado rechazo por parte de la oposición nicaragüense y la comunidad internacional, pues consideran que estas no cumplen con lo necesario para asegurar unos comicios electorales transparentes durante el próximo 7 de noviembre.
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El día de ayer la oposición firmó un pronunciamiento conjunto demandando una reforma electoral «que incorpore las transformaciones legales e institucionales necesarias para brindar a los ciudadanos y organizaciones políticas las garantías necesarias que permitan la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas».
Los opositores señalan que con la propuesta discutida hasta el momento, y que es impulsada por el oficialismo, se establecen restricciones a las libertades políticas, se fomenta el bipartidismo, se contribuye a sostener un Estado policial, no establece la depuración al padrón electoral, no establece la observación internacional, inhibe posibles candidaturas a través de las leyes aprobadas durante los últimos meses, no regula el voto en el exterior, entre otros aspectos.
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