La Fiscalía cometió una serie de arbitrariedades, “abuso de autoridad” y “delitos en su actuación” en contra de los periodistas y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBC); al cambiar su condición de testigos a imputados por exigir asesoría legal, lo cual es considerado por juristas nicaragüenses como una “aberración jurídica”.
Estas personas fueron citadas para una “entrevista” en el Ministerio Público. Estando dentro de la institución se les notificó que estaban en calidad de testigos para colaborar en el caso de la precandidata independiente, Cristiana Chamorro. Por tal razón, no tenían derecho de garantía jurídica, lo cual es violatorio dentro de lo que establece la Constitución Política de Nicaragua y el Código Procesal Penal.
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La aberración jurídica de la Fiscalía
La abogada defensora de los citados, Eilyn Cruz Rojas, dijo ante los medios de comunicación que “no existe fundamento jurídico para pasar de testigos a imputados a los periodistas, es algo irregular que está cometiendo la Fiscalía. Ahora los periodistas podrían ser acusados”. Este cambio de condición quiere decir que los comunicadores y extrabajadores serán investigados de una causa que totalmente desconocen.
Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, señaló que las entrevistas tienen como particularidad una conversación entre dos personas, para ver si tiene algún tipo de conocimiento sobre un hecho que se investiga.
“Lo que se investiga es el hecho, no a la persona”, explica Morazán, quien además refiere que si la persona es citada como testigo, no es parte del hecho sino que conoce sobre lo investigado. “No te podés convertir de testigo a imputado. Eso no puede ser, es una aberración jurídica”, reafirma.
Otra violación jurídica
La citatoria de la mañana de 25 de mayo, fue para la periodista y corresponsal de Univisión, María Lilly Delgado, y los dos exfuncionarios de la FVBC, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano.
Arróliga afirmó afuera del Ministerio Público que los fiscales auxiliares se negaron a identificarse. Y un fiscal de apellido Moraga entró a la oficina a intentar de convencer de que declararan en calidad de colaboradores en la investigación por supuesto lavado de dinero en contra del organismo que dirigía Cristiana Chamorro.
Fabio Gadea Mantilla, de 89 años, director de Radio Corporación, también fue citado al Ministerio Público por caso de Cristiana Chamorro. Foto | Houston Castillo
El exfuncionario del Poder Judicial dice que estos son comportamientos políticos y no jurídicos. “Si es algo jurídico das la cara por jurídico, es así de claro”.
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“Los fiscales que han llevado a cabo este tipo de persecuciones de fabricación de acusaciones, han sido los fiscales académicamente menos preparados y los más serviles”, enfatiza Morazán y agrega que los funcionarios no dicen sus nombres “porque saben las aberraciones jurídicas que están haciendo y nadie quiere que ande en boca de todos con una cuestión tan evidente”.
Por otro lado, Lourdes Arróliga declaró que por cambiarle su condición como testigos a imputados, pidieron que se apegaban al artículo 34 de la Constitución Política y se reservaban el derecho a no declarar. Ella sostiene que esta postura la mantuvo porque se le impidió asistir en calidad de testigos y por negarle el derecho de ser acompañados de un abogado.
“Hay delitos en la actuación de estos funcionarios”
El artículo 34 del Constitución Política establece que toda persona en un proceso tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley.
“A que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”, dice parte del artículo citado.
Por otro lado, el artículo 250 del Código Procesal Penal, remarca que toda persona citada por el Ministerio Público deberá atender el llamamiento y podrá hacerse acompañar por abogado. Pero esto se violentó por los funcionarios del Ministerio Público.
“Hay delitos en la actuación de estos funcionarios, si los hay. Hay abusos de autoridades, delitos por limitarte a un ejercicio de un derecho constitucional”, insiste Yader Morazán.
Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial. Foto | Cortesía
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El origen del caso
El caso de Cristiana Chamorro inició el 20 de mayo en el Ministerio de Gobernación, en donde se le acusa por el “delito de lavado de dinero y activos” entre el periodo 2015 y 2019, por medio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual cesó operaciones en febrero pasado por la nociva Ley de Agentes Extranjeros.
El caso pasó en menos de 24 horas al Ministerio Público y el proceso continúa rápidamente bajo una extensa citatoria a periodistas independientes que son críticos al gobierno de Daniel Ortega, para que supuestamente declaren por recibir capacitaciones periodísticas que organizaba dicha fundación.
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