Los periodistas que son citados a comparecer ante el Ministerio Público para declarar por el presunto delito de “lavado de activos” en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), describen como “cuartos de torturas” las entrevistas que son conducidas por los fiscales de forma sistemática para incriminar al periodismo nicaragüense y a Cristiana Chamorro.
Un periodista que conversó con Nicaragua Investiga bajo el anonimato explicó que la entrevista que tuvo con el fiscal Manuel Rugama, solamente faltaron los golpes y las obscenidades para que pasara a una tortura clásica de un régimen comunista. Rugama actúo, dice la persona, “como una policía del pensamiento”, ya que todo aquello que no se ajusta al discurso oficial, “es un crimen” para los fiscales.
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“Cuando yo entré a la Fiscalía no fue una simple entrevista o un interrogatorio sobre una causa judicial, fue básicamente ofensas y gritos que yo no me esperaba”, relató el periodista, quien además dice que tuvo la idea que los fiscales iban a tratar de forzar sus declaraciones o algo parecido en contra de la FVBCH; pero no pensó que sucedería de una manera poco profesional.
“Desde un inicio, se me amenazó con gritos de que podía caer preso. Ese fue el trato que yo recibí desde que entré en la Fiscalía”, recuerda el comunicador y agrega que en varias ocasiones hubo amenazas directas con cárcel. Por otro lado, el periodista alega que los fiscales querían que confesara en contra de la FVBCH de manera forzada, pero él se opuso rotundamente.
“Entré a un cuarto de torturas”
Él sostiene que sus declaraciones fueron manipuladas por el fiscal Rugama. Y comprobó que los funcionarios del Ministerio Público violan los debidos procesos. “Yo no me sentí como una persona que fue a una clásica entrevista ante una autoridad. Yo sentí como que entré a una sala de tortura”, describe.
El periodista recuerda que por no confesar o no decir lo que el fiscal querían escuchar, “se sofocaban más y me empezaban a gritar”.
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Esta persona además cuenta que el fiscal Rugama le gritó que era de la “derecha” y “golpista”, sin tener una sola prueba de estos señalamientos. “Yo me sentí realmente abusado, chantajeado, torturado a tal punto que cuando salí de esa entrevista, me sentía con una sofocación interna”, lamenta.
Fiscal Rugama intentó alterar de declaraciones de otro periodista
Iván Olivares, periodista nicaragüense con 32 años de experiencia, fue citado en dos ocasiones, los días viernes 16 de julio y jueves 22 de julio. Durante las entrevistas, que también fueron conducidas por el fiscal Rugama, se le cuestionó sobre su actividad profesional, “con preguntas e insinuaciones que me parecen ajenas al tema de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público”.
En una carta abierta al Ministerio Público y que fue publicada en Confidencial, Olivares denunció que en ambas citas, notó que de forma sistemática el fiscal Rugama, “pretendió inmiscuirse en el fuero interno de mi actividad profesional”.
“En varias ocasiones intentó tergiversar mis palabras e incluso alterar mis declaraciones para que coincidieran con la narrativa oficial del Estado que busca estigmatizar y criminalizar la promoción y el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua”, escribió Olivares, quien reveló que el fiscal Rugama le advirtió que el ejercicio de su labor periodística estaría reñida con Ley de Ciberdelitos, que tiene como fin criminalizar el periodismo nicaragüense.
“Para intensificar el tono amenazante de esta premisa, el señor fiscal me presentó e intentó deslegitimar, notas periodísticas de mi autoría que fueron publicadas antes que dicha ley estuviese en vigencia”, remarcó Olivares.
El periodista que guardamos su identidad, explica que hubo un momento que quiso corregir su testimonio, pero los fiscales no estaban anuentes a hacer las correcciones. “Estas personas manipulan todo lo que vos decís”, acota.
A él lo acusaron sin prueba alguna que se reunía con los extrabajadores de la FVBCH, y los otros periodistas para planificar campañas en contra del gobierno sandinista. “Eso es falso. A mí no me lo preguntaron, a mí me lo afirmaron, me acusaron de eso”.
La fuente indica que los fiscales no están ahí para buscar una verdad, para llevar un proceso legal como lo estipulan las leyes, “sino para incriminar, callar y encarcelar a todas aquellas voces críticas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Otra fiscal gritó a periodista
Wilfredo Miranda, reconocido periodista nicaragüense, denunció en su momento que durante la entrevista que fue sometido ante la fiscal Heidy Ramírez, fue incriminado por su ejercicio como comunicador a tal punto que la representante del Estado le gritó en varias ocasiones.
“Al hacer un receso, regresó con su celular a leer todos mis artículos, comenzó a incriminarme, a decir que yo mentía, que yo estaba faltando a la Ley de Ciberdelitos”, denunció Miranda. El periodista además declaró que la fiscal comenzó a leer la mayoría de los titulares de sus artículos publicados en el diario El País, de España.
“Básicamente estuvo gritándome todo el tiempo y diciendo que yo mentía”, manifestó. Luego la fiscal se extendió a preguntarle sobre su relación con la FVBCH, en donde de manera directa lo amenazó con cambiar su calidad en el caso de entrevistado a investigado.
El periodista que guardamos su identidad, también le mencionaron la Ley de Ciberdelitos. “Para los fiscales, todo lo que se publica en contra del gobierno sandinista, es falso”, afirma.
¿Cuál es la función de un fiscal a la hora de entrevistar a una persona?
Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, explica que la función de un fiscal es representar a las víctimas y al Estado en un proceso penal donde ejerce la acción de persecución de un hecho delictivo. “En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la Ley Penal”, dice.
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Para Morazán, en ningún caso se debe violentar los derechos humanos, constitucionales ni procesales de los investigados. “Pero el punto es que estás no son entrevistas, sino métodos represivos de intimidación y amenazas selectivas en contra de un grupo que visibiliza las arbitrariedades institucionales y criminales que dirige el partido de gobierno”, indica.
El exfuncionario expone que este método se caracteriza por su nivel de agresividad y la realización de señalamientos puntuales. “Tratando como enemigos al entrevistado, quien termina optando por una actitud personal defensiva y cerrándose a toda colaboración”.
Morazán asegura que hay abusos de parte de los fiscales por convertirse en un brazo represor e intimidación, y que además el cometer del delito de abuso de autoridad o funciones, que están penado con prisión de seis meses hasta dos años más la inhabilitación del cargo del fiscal, por cometer actos contrarios a la Constitución Política y demás leyes nicaragüenses, según el artículo 432 Código Penal.
Otras violaciones son el derecho al debido proceso, presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la información, a no ser obligado a declarar en contra de sí mismos, que está amparado en el artículo 34 de la Constitución Política, dice el exfuncionario.
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