Dictadura ha ilegalizado más de 170 organizaciones defensoras de las mujeres

Desde 2018, el régimen ha cancelado unas 176 organizaciones feministas y defensoras de las Mujeres, dejando en vulnerabilidad a este grupo poblacional.

Desde 2018 hasta la fecha, el régimen de Daniel Ortega ha cancelado unas 176 organizaciones feministas y defensoras de las Mujeres, dejando en vulnerabilidad a este grupo poblacional, pues las instituciones estatales no son suficientes y muchas veces pecan hasta de negligentes en la protección y defensa de los derechos de las mujeres.

La denuncia del cierre de estas organizaciones la realizó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), a través de su sitio web y redes sociales.

“La persecución contra quienes se organizan para defender derechos humanos y el derecho a la asociación en Nicaragua no cesa y, durante el pasado mes de septiembre, otras 29 organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres fueron ilegalmente canceladas por el gobierno misógino, neoliberal e ilegítimo de Daniel Ortega”, denuncia la organización.

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El mes pasado, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetió contra estas organizaciones de mujeres en cuatro jornadas, la primera se llevó a cabo el lunes 5 y luego prosiguieron el 12, 19 y 23 de septiembre de 2022.

Todas las cancelaciones fueron presuntamente avaladas “a través de la reforma de la Ley 1115 del pasado 24 de agosto que permite al Ministerio de Gobernación (MIGOB) arrebatar la personería jurídica de las organizaciones sin pasar por la Asamblea Nacional”, denuncia IM-Defensoras.

El organismo regional detalla que entre las personerías jurídicas canceladas figura la del Colectivo de Mujeres Itzá, una organización feminista, integrante de la Red de Mujeres contra la violencia y de la Red de Albergues de Nicaragua, con 33 años de trabajo en defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos y dando acompañamiento a sobrevivientes de violencia machista.

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Esta organización fue destacada por construir un refugio para mujeres que necesitan protección integral ante el riesgo de femicidio en el municipio de Somoto, departamento de Madriz y que tras la “cancelación ilegal de su personería jurídica” se vio forzada a clausurar el albergue.

Mujeres en “desprotección y vulnerabilidad”

Esa situación dejó a las mujeres en “desprotección y vulnerabilidad en un país donde los femicidios y la violencia machista están a la orden del día y donde el gobierno ha desmantelado algunas de las principales instituciones públicas que velaban por los derechos y la protección de las mujeres y que habían sido fruto de las luchas históricas del movimiento feminista”, afirma la denuncia.

Según IM-Defensoras, la cancelación de estas organizaciones se “ha apoyado en procedimientos arbitrarios” por parte de las instituciones responsables, quienes “han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado” a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a que la han presentado en tiempo y forma.

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Además, denuncia que la cancelación de las organizaciones “viene acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes”.

“Condenamos este nuevo acto arbitrario contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y nos solidarizamos con todas estas organizaciones, manteniéndonos alerta y denunciando ante cualquier vulneración a los derechos y la integridad personal de quienes trabajan, colaboran, participan o son beneficiarias de ellas”, expone.

Llaman a comunidad internacional a “acuerpar” a estas organizaciones

Reiteran el llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad de feministas para acuerpar a las organizaciones a las que la dictadura les ha ido quitando abruptamente las personerías jurídicas, obligándolas a abandonar su labor humanitaria y dejando a miles de mujeres en la desprotección y volviéndolas más vulnerables ante la violencia machista y el abandono del estado.

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La organización llama a tomar consciencia de la gravedad de la situación que viven quienes defienden derechos humanos en Nicaragua, sobre todo de quienes lo hacen en defensa de los derechos de las mujeres.

Igualmente pide sobre todo, “alzar la voz para denunciar todas las arbitrariedades e injusticias sistemática y recurrentemente perpetradas por el gobierno para acallar las voces que luchan por construir un país más justo e igualitario, donde todas las personas tengan acceso a una vida digna y al pleno ejercicio de sus derechos humanos.

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