La anulación masiva de permisos de trabajo para abogados en Nicaragua revela una purga de juristas incómodos al gobierno y pone en primer plano los obstáculos a la defensa legal en países con gobiernos autoritarios.
Numerosas credenciales de juristas nicaragüenses fueron anuladas recientemente del registro de la Corte Suprema de Justicia, lo que los liquida laboralmente e impacta las posibilidades de una defensa independiente, según varios afectados.
El gobierno de los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo está usando «el control del registro de abogados y notarios para castigar a personas consideradas opositoras o independientes», dijo a la AFP, bajo anonimato, una abogada nicaragüense exiliada cuyo nombre fue borrado.
El diario nicaragüense La Prensa, que se edita en el exilio, estimó que fueron eliminadas las licencias de unos 2.000 abogados. La AFP no logró verificar esa cifra de forma independiente.
Un alto exfuncionario del poder judicial precisó a la AFP que en Nicaragua hay unos 40.000 juristas, y estimó que «cientos» pudieron haber sido proscritos por motivos políticos, aunque otros lo habrían sido por irregularidades en el ejercicio profesional.
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Algunos se enteraron cuando intentaron realizar trámites o ingresar a la plataforma digital de consulta de expedientes, dijeron a la AFP abogados exiliados.
Un grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua denunció el lunes que se trata de una «depuración silenciosa» y un «clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia» nicaragüense.
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En 2023, tras una intervención policial, fueron destituidos altos funcionarios de la Corte. Dos años después, reformas constitucionales redefinieron el poder judicial como un «órgano» coordinado por Ortega y Murillo, que gobiernan desde hace casi dos décadas, actualmente con poder absoluto.
– «Descalabro» –
Para la abogada exiliada, los colegas activos tendrán que ejercer el derecho como un «privilegio del régimen», que podrá quitárselos en cualquier momento y «sin causa alguna».
Pero también prevé que muchos «enfrentarán graves dificultades económicas» y algunos engrosarán la diáspora nicaragüense.
Es «una muerte civil», resumió esta defensora, para quien la medida forma parte de un «patrón de persecución» que incluye el despojo de la nacionalidad a críticos del gobierno izquierdista.
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«En Nicaragua hay un descalabro total del sistema de justicia. Los abogados saben que no pueden pelear contra el Estado y se han quedado haciendo escrituritas. No hay debido proceso, sino una sumisión a los dictadores», afirmó el exfuncionario judicial exiliado.
La indefensión de los abogados no es exclusiva de Nicaragua.
En El Salvador, el presidente derechista Nayib Bukele y su exitosa guerra contra las pandillas, iniciada en 2022, marcaron un antes y un después para la justicia en su país, opina la abogada salvadoreña, Roxana Cardona.
💻📲 CRECEMOS MÁS QUE NUNCA.
🎙️ Contamos por primera vez cómo este medio estuvo a punto de cerrar a inicios de 2026 debido a los grandes desafíos que enfrenta todos los días, sin embargo la audiencia fue decisiva para seguir adelante. También fue necesario, para continuar,… pic.twitter.com/2rWJ5IQCU7
— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) June 15, 2026
Bajo el régimen de excepción que ampara esa ofensiva, los abogados no pueden comunicarse con sus defendidos ni tienen acceso oportuno a los expedientes, lo que dificulta preparar la defensa, detalló Cardona.
Entre las más de 92.000 personas encarceladas desde 2022, sin que mediara orden judicial, miles son inocentes, según oenegés.
– Estado, juez y parte –
Las restricciones alcanzan incluso a presos de alto perfil como la abogada Ruth López, cuyo defensor no puede visitarla con regularidad. Fue detenida hace un año tras denunciar supuestos casos de corrupción en el gobierno de Bukele y violación de derechos humanos.
«Por miedo al régimen de excepción, los testigos no quieren colaborarnos con pruebas a favor de nuestros clientes», comentó a la AFP un abogado privado que refiere el despido de cientos de defensores públicos y un creciente abandono de casos.
Omite su nombre pues, al ser reservados estos procesos bajo el estado de excepción, puede terminar preso.
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Desesperado por la falta de avances para demostrar que su hijo «no es pandillero», el padre ha cambiado de apoderado tres veces en año y medio y no logra que acrediten al último.
«Me angustia que de un día para otro convoquen la audiencia y no tengamos quien lo defienda», declaró a la AFP.
En países como Venezuela, a estos tropiezos se suman «tratos degradantes, acoso, amenazas y estigmatización» por parte de funcionarios judiciales, según denuncias recopiladas por la oenegé Foro Penal, que representa a cientos de opositores presos.
La defensa de esos detenidos está extremadamente limitada en Cuba, donde los bufetes privados no existen y la demostración de su inocencia queda en manos del propio Estado.
AFP
