El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa removiendo a sus funcionarios sandinistas de confianza ubicados en instituciones tales como la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia y las alcaldías, siendo el siguiente eslabón el sancionado Ministerio Público.
Para críticos de la dictadura estos movimientos y depuraciones dentro de las entidades son un reflejo de la «paranoia» de Ortega y Murillo en sospechar de sus cercanos y una muestra de que ningún «leal» puede asegurar su puesto. Para otros, sin embargo, es parte de un plan del régimen dirigido hacia la comunidad internacional.
Para el analista Israel Lewites Cornejo, el Frente Sandinista es una «organización tipo cartel familiar» en la que sus individuos buscan asegurar sus prebendas y puestos de trabajo a través de la adulación, pero «nada de esto les vale a la hora que la cúpula decide hacer un reacomodo de fichas o se sospecha de la lealtad de alguno de los individuos».
Sandinistas sin dignidad y descartados
Por lo tanto, «vemos rodar las cabezas de individuos que parecieran impensables que cayeron de la gracia (de la pareja dictatorial), después de haber sacrificado su dignidad».
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En el FSLN «los únicos relevantes son los familiares del caudillo, el resto son meras fichas de cambio», por lo que, es posible que estas purgas continúen a medida que las tensiones internas y los descontentos dentro del sandinismo se vayan agravando y el estado de paranoia se vaya agudizando, señaló Lewites.
Los seguidores de Ortega y Murillo «no tienen nada asegurado ni siquiera su libertad ni su vida. Son rehenes y tontos útiles de la organización criminal», agregó el activista.
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«Nuevo plan del régimen»
Por su parte, el disidente sandinista Marlon Sáenz, conocido como el «Chino Enoc«, sugiere «conspirar» y tratar de entender qué busca la pareja en el poder con estos movimientos.
Eso se llama «modelación operativa, hay que ponerse en los zapatos del otro para tener un criterio de lo que el otro quiere», manifestó el excarcelado político que asegura haber sido oficial de la Contrainteligencia del Frente Sandinista.
Con base en esta experiencia, afirmó que ocultar a los funcionarios cómplices de graves crímenes «es el nuevo plan de régimen».
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Por ejemplo, Ana Julia Guido, a quien llamaban «Xóchitl» durante la clandestinidad, «no será desechada como basura. Yo sé cómo ellos piensan porque vengo de ahí», sostuvo Sáenz.
El sandinista histórico explicó que las supuestas destituciones de altos mandos policiales y presuntas desavenencias con el general retirado Omar Halleslevens son «juegos operativos (de Ortega y Murillo) para ver la reacción de sus fuerzas ante un eventual caso de ¨tocar un grande¨ o para descubrir quiénes en realidad están en su contra al pronunciarse a favor de Halleslevens, del LAPO (comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas) o de Ana Julia».
Recordó que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU (GHREN) está investigando a los responsables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y, ante este panorama, Ortega «pretende lavarle la cara al Estado«.
No obstante, también existe un desgrane dentro del sandinismo que se refleja en la deserción o el abandono del partido, pero este ocurre en los mandos medios o bajos, muchos con retención migratoria, dijo Sáenz.
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«El Chino Enoc» adelantó que, según su análisis, otro de los planes es presentar al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) como supuesto opositor ante una posible «negociación» en el país.
En esta línea, se escucha sobre una campaña de reestructuración del PLC y «hasta (el propagandista del régimen) William Grigsby está volando penca para levantarle el perfil», avisó.
Nicaragua Investiga
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