Desde que el pasado primero de enero entró en vigor el tratado de libre comercio que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo firmó con China continental, las empresas de este país asiático se están asentando en el Caribe del país para explotar los recursos naturales de esta zona, los metálicos y los marítimos principalmente.
Los pueblos indígenas están altamente preocupados por la situación debido a diversas razones, principalmente porque eso significa una agudización o agravamiento a las invasiones de sus tierras y el saqueo de sus recursos naturales, así como por el hecho de que los chinos están reconocidos como voraces devoradores de esos recursos sin importarles las consecuencias ambientales, además de que no son respetuosos de los derechos humanos y menos de los de los pueblos indígenas.
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Prahaku, seudónimo que utiliza un líder indígena, explica que los pueblos del Caribe nicaragüense sienten como si «un fusil Ak está apuntando a nuestras tierras y nosotros estamos con las manos levantadas», sin poder defendernos debido a que la dictadura Ortega Murillo es represora y además controla todo en todo el país, incluidos a los gobiernos regionales que se supone deberían ser autónomos del gobierno central.
Aunque en los últimos días se ha hablado mucho de las concesiones mineras que la dictadura está otorgando a empresas chinas, Prahaku indica que estas últimas también están explotando recursos marítimos y causando la quiebra de las empresas locales, pues están arrasando con las langostas, los pepinos de mar y todo marisco que es apetecible para la población asiática.
«Las empresas locales de mariscos han quebrado y se están instalando chinas. Van a terminar con todos los recursos del mar y a los pobres buzos les pagan precios (salarios) bajos. El Caribe se lo están entregando a los chinos. ¿Qué podemos hacer en este contexto con un gobierno así?», lamenta Prahaku.
En el caso de la extracción del oro, en los últimos meses la dictadura ha entregado concesiones mineras a tres empresas chinas: Zhong Fu Development, S. A. (Zhong Fu, S. A.), Nicaragua XinXin Linze Mineria Group, S. A. y Thomas Metal, S. A., aunque a los indígenas les preocupan las dos primeras, porque son las que hasta ahora tienen presencia en el Caribe, pues han recibido concesiones en grandes extensiones de tierras indígenas y hasta en reservas naturales.
A la Zhong Fu Development, S. A., el régimen ya le aprobó concesiones mineras en 175,206.6 hectáreas (1,752 kilómetros cuadrados) de tierras, las que encuentran en Siuna, Waslala, Mulukukú, Puerto Cabezas y Santo Tomás (Chontales). Además, esta minera china todavía está esperando que le otorguen otra concesión de 20,150 hectáreas (201.5 kilómetros cuadrados) en Waspan, Caribe Norte.
A la Nicaragua XinXin Linze Mineria Group, S. A., le han otorgado 4,311.1 hectáreas (43.1 kilómetros cuadrados) en Siuna y Jinotega y, además, está solicitando concesiones mineras en otras 5,719.71 hectáreas (57.2 kilómetros cuadrados) en Estelí y en el Caribe Norte.
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Los chinos son una peste
Un dirigente indígena, quien pide anonimato, explica que China es un país que no tiene buena reputación en cuanto a respeto de los derechos de los pueblos indígenas, ni los derechos humanos en general.
«Se considera que China, su crecimiento económico se debe a una política agresiva de explotación de recursos naturales, no tienen criterios ambientales y en ese sentido es preocupante. Profundizarán el saqueo irracional, sin criterios, aumentarán la pobreza, la violencia, destrucción de recursos naturales y enriquecerá a unos pocos, de la élite en el poder y a unos cuantos inversionistas chinos», se quejó.
Régimen no consulta con indígenas
Para otorgar una concesión minera, la dictadura debería de consultarlo con los líderes indígenas, pero no lo hacen, explicó Prahaku, sino que primero hacen el acuerdo a nivel nacional. Luego, solo orientan a los gobiernos regionales que aprobaron la concesión y, como tienen controlado a dichos gobiernos, pues todos los consejales son miembros del Frente Sandinista (FSLN), se otorga el permiso «sin ningún problema».
«Aquí (en los gobiernos regionales) no hay contraposición. Los dueños de territorios (indígenas) ni idea, no saben. Nosotros les avisamos», indicó el líder indígena.
Otro dirigente indígena, que por seguridad pide anonimato, señala que la dictadura está entregando el Caribe a los chinos porque necesita dinero.
La dictadura lo hace por dinero
«La expansión de la minería es una de las medidas que están tomando (los Ortega Murillo) para oxigenar financieramente al régimen. También tiene un componente geopolítico en el caso de la presencia de China. Lo que hace es reforzar los vínculos comerciales y políticos con potencias afines, en este caso China», comentó el dirigente indígena.
El problema, añade la fuente, es las empresas chinas se suman a otras que ya están operando en esa zona del país.
«En la Mosquitia, o mal llamada Costa Caribe, hay un incremento de concesión de actividad a todos los niveles, mucha actividad minera ilegal, mucha actividad minera legal. La minería ilegal, que son güiriseros artesanales, se meten a la montaña o a territorios invadidos con un plato para lavar oro y ahí van probando ver dónde encuentran algo. Sirven de punta de lanza, de entrada, identificando donde hay oro y cuando ya se sabe que hay oro en algún lugar, entonces va detrás la minería legal, que es la que se autoriza a muchos actores», expone.
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Efectos nocivos
La situación está generando un impacto ambiental negativo en las comunidades indígenas, porque la actividad minera está contaminando los suelos y las aguas. «Es tradicional que la gente de las comunidades beben el agua de los ríos y no saben que los ríos están contaminados. La gente sigue bebiendo y eso puede traer problemas a largo plazo», advirtió la fuente.
También hay un impacto en la dieta de los indígenas, porque se ha analizado el pescado y le han encontrado «trazos de mercurio y de otros contaminantes químicos», porque la minería utiliza estas sustancias, venenosas para el ser humanos, para encontrar el oro, indicó.
La actividad de las empresas mineras también refuerza la invasión de los tierras indígenas que, desde hace años, vienen haciendo los colonos, añadió el dirigente, además de que la intensifica y la expande.
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«El dinero que generan las invasiones, luego los colonos lo utilizan para buscar más tierra, para armarse mejor, para comprar ganado, para habilitar caminos, para poner negocios, y también para reforzar sus negocios en las ciudades. Hay una especie de lavado de dinero en ese sentido, a través de la inversión en la invasión y también en negocios», comentó.
La instalación de minas está generando violencia porque, en las zonas donde hay oro, «ahora hay constantes robos, asesinatos, actividades que antes no se veían como prostitución, explotación laboral de menores y todo eso ha generado mucho más violencia en las comunidades», lamentó el líder indígena, agregando que eso empuja a mucha más gente a abandonar sus comunidades.
«Es un saqueo acompañado de despojo. Es la característica hoy en los territorios. Antes había colonización, pero no despojo. Ahora ocupan territorio para ganadería, minería y se los quitan a las comunidades, y transforman la cultura alrededor de la propiedad de la tierra. La cultura es que la tierra es comunal, pero con la invasión la cercan y la venden, la convierten en mercancía, cuando para los indígenas es una parte elemental de su cosmovisión, la madre tierra», finalizó diciendo.
Redacción Central
