La dictadura de Daniel Ortega está replicando contra los indígenas de la región del Caribe la represión que ha sostenido desde 2018 en el Pacífico en contra de opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, médicos y toda persona que ha levantado la voz para denunciar los abusos del régimen, a quienes ha asesinado, encarcelado o enviado al exilio forzado.
En el Caribe Norte, explica a Nicaragua Investiga un defensor de derechos humanos bajo anonimato, el régimen ha enfilado su represalia en contra de los líderes indígenas, líderes de los gobiernos locales elegidos por asambleas de los mismos indígenas y también contra los guardabosques de comunidades como Wilu, El Cocal, El Naranjal y otras zonas de la reserva Bosawas.
La fuente explica que, en este momento puntual, el objetivo es acallar a los indígenas para que no denuncien los abusos cometidos contra esos pueblos, ya que la dictadura necesita cumplir con requisitos que el Fondo Verde para el Clima les ha impuesto para desembolsar 116.6 millones de dólares aprobados a Nicaragua, para ejecutar el Proyecto Bio-CLIMA, que pretende reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en la reserva natural de Bosawás y la biósfera de Río San Juan.
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La dictadura pretende recibir ese dinero a pesar de que el Fondo le ha pedido que promueva la participación de los indígenas, mayangnas en este caso, a los cuales, por el contrario, en este momento los tiene reprimidos.
Comunidades militarizadas
Líderes indígenas, también bajo anonimato, expusieron que en este momento la dictadura tiene militarizadas las comunidades indígenas y bajo vigilancia permanente.
Además, está criminalizando a los líderes indígenas y a los guardabosques, para que no existan testigos de los abusos que las autoridades del régimen cometen en esa zona, como obligar a los comunitarios a que convivan con los colonos que les arrebatan a sus tierras y les restan espacio para cosechar.
Además, los presionan para que acepten la venta de parte de sus tierras comunales, con las que están haciendo negocio las autoridades locales impuestas por el régimen, en complicidad con autoridades del gobierno municipal y las autoridades estatales.
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El caso de los Bruno
El pasado 13 de agosto, la Policía del régimen capturó a cuatro guardabosques del sector Kahkah, en el territorio mayangna Sauni As, a los que presentaron como miembros de una banda delincuencial supuestamente llamada los Bruno, por estar liderada, según ellos, por un indígena al que llaman Bruno, identificado como Rodrigo Bruno Arcángel, de 48 años de edad.
En realidad, explica el defensor de derechos humanos, Bruno y los demás acusados, que son familiares entre sí, son guardabosques que en los últimos tiempos han denunciado cómo los colonos están construyendo dentro de las tierras indígenas, algunas de las cuales son reservas naturales, carriles que llevan adonde se están realizando explotaciones mineras con la complicidad de las autoridades del régimen.
Otras denuncias que Bruno y sus familiares habían realizado fueron en contra de la construcción en grandes parcelas de tierra de potreros para la crianza de ganado, queseras, y que les restan a los indígenas el espacio para ellos poder sembrar, cosechar e ir de caza.
Además, todas las construcciones que realizan los colonos en estos territorios están provocando la contaminación de los ríos y corren el riesgo de dejar sin agua a las comunidades indígenas.
La dictadura, afirma el defensor de derechos humanos, para que los indígenas no denuncien los abusos, está criminalizando a toda aquella persona dedicada a la defensa de los territorios y a denunciar los actos que ahí pasan, y eso es lo que ocurre en el caso de los Bruno, que en realidad solo son guardabosques.
Otros familiares de Bruno, buscados por la Policía de la dictadura, se han visto obligados a un desplazamiento forzado, abandonando sus comunidades, para no ser capturados.
Estos hechos han ocasionado que los guardabosques migren de manera forzada y 300 de ellos ya se encuentran en Costa Rica, en una situación de riesgo porque no saben hablar español, agregó el defensor de derechos humanos.
Militarización, vigilancia y drones
Un líder mayangna, igualmente bajo anonimato, contó a Nicaragua Investiga, que tras los asesinatos y la quema de la comunidad de Wilu, en marzo pasado, algunos líderes comunitarios le pidieron a la Policía que les diera protección, pero eso le sirvió a la dictadura para militarizar a las comunidades indígenas.
El régimen ha utilizado al Batallón Ecológico, «que de ecológico no tiene nada», dice la fuente, para vigilar a los indígenas, al punto que no les permiten uso de teléfonos celulares inteligentes, para evitar que manden información, fotos o videos fuera de las comunidades. Los celulares autorizados son de baja tecnología.
Unos 40 oficiales del ejército son los que vigilan la zona, junto a una estación de otros 40 policías que utilizan drones, afirmó el líder indígena.
«Hay un control de todo, sobre todo los comunitarios están atemorizados. La policía controla con drones», se quejó.
Mujeres y crisis alimentaria
El líder indígena agregó que la situación es crítica en la zona, porque la dictadura le permite a exmiembros del ejército y a excontras, que han sido utilizados como paramilitares para reprimir al pueblo, que invadan las tierras indígenas y que permanezcan armados en las mismas.
La situación ha hecho que los indígenas no puedan llegar a las parcelas donde tienen cosechados sus alimentos, ni que salgan a pescar, lo que ha provocado una crisis alimentaria entre los indígenas mayangnas.
Además, si las mujeres van al campo, son violadas o agredidas, según denuncia.
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