La administración de Daniel Ortega está saqueando los territorios indígenas y las áreas protegidas a través de la minería, incluso, favoreciendo a empresas «inciertas», y las sanciones internacionales al oro no han logrado detenerlo, advirtió el ambientalista Amaru Ruiz.
La reciente aprobación de dos concesiones mineras a la empresa china Zhong Fu Development S.A. es prueba de los «procesos poco transparentes» que efectúa el régimen alrededor del negocio del oro.
«Esta empresa no tiene registro en las base de datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), es decir, nosotros tratamos de obtener información oficial de esta empresa y no está en la lista de solicitudes de concesiones nuevas, a pesar que la lista es de 2021, pero ellos debieron tener un proceso que puede llevar hasta dos años. Desconocemos cuánto es el área de concesión, dónde está ubicada y toda la permisología asociada a esta concesión», declaró el defensor de derechos ambientales y de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Lo que se sabe de la empresa es que existe otra con «casi con el mismo nombre, pero que trabajan en el sector forestal»; por lo que puede ser «nueva o recién creada», dijo a este medio.
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Según denuncias, el gobierno regional— controlado por el partido sandinista— aprobó dos concesiones mineras a Zhong Fu Development S.A. en más de 15 mil hectáreas de la Costa Caribe Norte, sin consultarles a los habitantes.
Ruiz explicó que «en cualquier sitio de Puerto Cabezas, de Bilwi, le corresponde a un territorio indígena. Ahí debió haber un proceso de consulta previa, libre e informada; y un proceso de impacto ambiental, es decir, la empresa debió presentar estudios, consultas y obtener el consentimiento de la aprobación».
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La Fundación del Río, que dirige Ruiz, ha contabilizado más de 141 concesiones mineras otorgadas por el régimen dentro de territorio indígena y afrodescendientes, y «eso es altamente preocupante por el deterioro ambiental y social porque eso implica el empuje de la minería artesanal con graves implicaciones ambientales y sociales».
Se trata de una «estrategia extractiva y de saqueo de territorios indígenas y áreas protegidas que ha sido una política estatal», denunció.
Sanciones al negocio del oro son insuficientes
Para el régimen sandinista, el negocio del oro es muy rentable. Es el principal producto de exportación, encima del café y la carne. Solo en los primeros seis meses del año, las ventas del oro en bruto alcanzaron los 530 millones de dólares.
En 2022, Estados Unidos sancionó a empresas estatales relacionadas con este sector porque «Ortega y sus secuaces usan el lucro originado en la producción y comercialización del oro para enriquecerse y premiar a quienes mantienen al régimen en el poder».
Si embargo, «las sanciones no han llegado a donde tienen que llegar, pues el régimen ha buscado otros mercados y otras empresas que puedan seguir comercializando el oro, saqueando los recursos, al servicio de su propio capital; y se trata de una actividad con muy bajo rédito porque apenas produce unos tres mil empleos en relación con lo que nos saquean», explicó Amaru Ruiz.
Controlar la compra de oro
Indicó que una de las maneras de «tratar de hacer un cambio» es impactar en la cadena de valor de comercialización del oro.
«Si los mercados tuvieran un control del oro que está ingresando, con todas las garantías de que no se extraiga de territorios indígenas o áreas protegidas, de esa manera generás un cambio en toda la cadena de valor. Asimismo, (se requiere) responsabilidades directas del mercado estadounidense de aumentar los estándares de fiscalización de la comercialización del oro, sobretodo de países que están siendo utilizados para mantener un régimen dictatorial», manifestó.
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