En el Proyecto del Presupuesto General de la República (PGR) 2025, aprobado por la Asamblea Nacional al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se confirma una vez más la apuesta por fortalecer las instituciones represivas con los recursos públicos en función de sus intereses políticos.
Hasta el momento se desconocen los resultados del censo nacional de población y vivienda que inició en abril de 2024, pero de acuerdo con los últimos datos oficiales, Nicaragua cuenta con 5,142,098 habitantes, lo que significa que cada ciudadano pagará 2,183 córdobas para financiar estas entidades represivas en 2025, que en su conjunto representan casi un 10% del total de gastos del PGR.
Dictadura asigna más presupuesto a entidades represivas que a educación
El presupuesto asignado a la Policía Nacional, el Ejército y el Ministerio del Interior asciende a 11,226 millones de córdobas, por encima de las universidades y centros técnicos de educación superior que apenas recibirán 9,523.8 millones de córdobas.
De acuerdo con el desglose del PGR 2025, la Policía Nacional recibirá 5,048.8 millones de córdobas, un aumento de 420.8 millones con respecto a 2024.
Mientras que el Ejército de Nicaragua tendrá una asignación de 4,242.5 millones de córdobas, incrementando 405.8 millones interanuales y el Ministerio del Interior dispondrá de 1,934.7 millones de córdobas.
En total, estos aumentos reflejan la priorización del régimen en garantizar el financiamiento de sus principales herramientas de control social, mientras que sectores como educación, salud y cultura continúan siendo relegados.
El Presupuesto General de la República cuenta con ingresos de 158 mil 730.4 millones de córdobas frente a un gasto de 154 mil 026.1 millones de córdobas, lo que muestra un superávit o excedente de 4 mil 704.3 millones, después de donaciones externas de 5 mil 754 millones de córdobas.
Educación: una prioridad de segundo plano
El presupuesto del PGR también detalla que la educación ocupa el sexto lugar en las prioridades de inversión, detrás de infraestructura vial, obras comunitarias, energía, salud y agua potable.
Las universidades y centros técnicos, que son clave para formar a las futuras generaciones, recibirán solo 6.2% del PGR, insuficiente para atender las demandas de un sector que enfrenta limitaciones históricas en infraestructura, recursos tecnológicos y formación docente.
La apuesta por el financiamiento de las instituciones represivas refleja las prioridades del régimen: consolidar su permanencia en el poder a través de la coerción y el control social.
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