La Fiscalía nicaragüense ha cambiado la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar a dos presos políticos más: el exembajador Edgard Parrales, de 79 años y el exdiplomático, Mauricio Díaz, de 71, informó la entidad en un comunicado.
Según el Ministerio Público, la medida se toma por «las condiciones de salud» de ambos reos políticos y alegan razones humanitarias, pese a estos se encontraban en situaciones degradantes, según denuncias de abogados defensores de derechos humanos.
Díaz fue detenido de forma arbitraria desde agosto de 2021; mientras que Parrales en noviembre. Ambos permanecían desde entonces en las cárceles de máxima seguridad en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el Chipote.
Mandan a arresto domiciliar a Arturo Cruz, José Pallais y Francisco Aguirre Sacasa
Los opositores forman parte de los más de 40 detenidos en 2021, a vísperas de las elecciones fraudulentas en donde Daniel Ortega se impuso como candidato único, encarcelando al menos a siete precandidatos presidenciales.
En el caso de Parrales fue acusado de «incitar al odio», luego de criticar a Ortega y sus acciones en la revista matutina de Canal 10; mientras que a Díaz le recriminan el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo».
Solicitud ya había sido hecha en diversas ocasiones
El cambio de medida cautelar para ambos ya había sido solicitada en reiteradas ocasiones por familiares y abogados, quienes expresaron que ambos opositores por ser personas de la tercera edad debían llevar los procesos judiciales en sus casas.
La familia del ex sacerdote Parrales, indicó que a este hace diez años le fue extirpado el intestino grueso, y de no seguir indicaciones médicas “se descompensa”.
Medida se suman a otros tres cambios
El régimen de Daniel Ortega ha cambiado la medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliar a la fecha a cinco presos políticos. Los primeros fueron Arturo Cruz, ex aspirante presidencial; Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua y José Pallais, ex vicecanciller.
La institución también dijo que la solicitud la realizó «por razones humanitarias», sin embargo, al menos dos de las tres personas a las que se le cambió el régimen carcelario presentaron deterioro significativo en su salud durante su juicio.
Tales situaciones, sumado al deceso del ex guerrillero sandinista Hugo Torres, encendieron las alarmas en sus familiares, quienes exigieron libertad inmediata para sus parientes ante el temor que sufrieran el mismo destino.
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