El régimen de Daniel Ortega ha cambiado la medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliar a los presos políticos Arturo Cruz, ex aspirante presidencial; Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua y José Pallais, ex vicecanciller, informó el Ministerio Público en un comunicado emitido esta noche.
«El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense que ha solicitado ante la autoridad judicial correspondiente, el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial de las siguientes personas: Francisco Xavier Aguirre Sacasa, José Bernard Pallais Arana y Arturo José Cruz Sequeira», se lee en el documento.
La institución añadió que la solicitud la realizó «por razones humanitarias», sin embargo, al menos dos de las tres personas a las que se le cambió el régimen carcelario presentaron deterioro significativo en su salud durante su juicio.
Malas condiciones de salud
José Pallais Arana y Arturo Cruz fueron llevados a juicio esta semana, junto a otros cinco opositores, y durante la sesión el deterioro en su condición de salud, fue notorio. Cruz presentaba dolencias en el cuerpo y síntomas de Parkinson, según reportaron sus familiares, mientras que Pallais se desmayó durante el juicio.
Tales situaciones, sumado al deceso del ex guerrillero sandinista Hugo Torres, encendieron las alarmas en sus familiares, quienes exigieron libertad inmediata para sus parientes ante el temor que sufrieran el mismo destino. Tras lo sucedido las autoridades judiciales suspendieron el juicio sin dar muchas explicaciones.
Por otro lado, Francisco Aguirre Sacasa, uno de los presos políticos con mayor edad, 77 años, fue declarado culpable por cometer «menoscabo a la integridad nacional» el pasado 8 de febrero. Su hijo, Roberto Aguirre Sacasa, advirtió previo al juicio que el ex canciller también estaba sufriendo deterioro en su salud.
Organismos internacionales de derechos humanos como la Organización de los Estados Americanos han reaccionado al encarcelamiento, acusaciones y condenas arbitrarias de la dictadura sandinista, y han exigido a Daniel Ortega la liberación de los más de 170 presos políticos que contabilizan activistas nicaragüenses.
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