La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, solicitó mediante una licitación pública la compra millonaria de camionetonas de lujo marca Nissan Frontier y una flota de vehículos Nissan Versa, según información obtenida por Nicaragua Investiga.
El Poder Judicial solicitó 20 automóviles tipo sedan Nissan Versa Drive y siete camionetas doble cabina 4×4 Nissan Frontier, del año 2023. Este lote de vehículos fue pagado con fondos del Gobierno de Nicaragua, cuyo monto es de 19,796,100.00 (552,444.81 dólares).
La magistrada estampó su firma en el documento el pasado siete de junio, en un contrato titulado “Adquisición de Vehículos”, del que salió favorecida la empresa Grupo Q Nicaragua S.A.
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Los 20 vehículos les costaron al Estado de Nicaragua C$11,987,600.00 (334,296.04 dólares), una suma exorbitante cuando el país atraviesa una depresión económica desde hace cuatro años.
El costo de las siete camionetas es de C$7,808,500.00 (217, 754.23dólares). La entrega de los vehículos se realizará en un plazo de 10 días, “a partir de recibida la orden de compra y suscrito el contrato, en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a Nivel Central”, indica el documento.
La institución pagará 30 días después de haber recibido los bienes. Por otra parte, el contrato no revela el fin para con el que adquieren estos vehículos de lujo.
Cada año renuevan flota vehicular
El Poder Judicial renueva cada año la flota vehicular sin dejar claro si estos vehículos son asignados a los altos funcionarios de esta institución. El año pasado, por ejemplo, se destinaron más de 18 millones de córdobas para la compra de 10 lujosas camionetonas Nissan Frontier y 20 vehículos Nissan Versa.
El contrato fue firmado los primeros días de septiembre de 2021. La licitación fue mediante el concepto de “adquisición de vehículos para flota vehicular del Poder Judicial”. El documento no reveló el fin de los bienes, como sucedió en la compra reciente.
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Esta es una práctica en el Poder Judicial encabezado por la magistrada Alba Luz Ramos, quien está sancionada por la Unión Europea (UE), por convertir el sistema judicial en un instrumento político que responde a los intereses del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También se le señala de fabricar delitos y juicios en contra de líderes opositores, activistas, universitarios y periodistas.
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