El opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro denunció que el Estado nicaragüense entregó 110 inmuebles confiscados a particulares al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) entre 2020 y abril de 2026. La acusación la dirigió a la calificadora S&P Global Ratings días después de que esta subiera la nota soberana de Nicaragua de B+ a BB- con perspectiva estable.
Chamorro, uno de los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos en febrero de 2023 y despojado de su nacionalidad y bienes, hizo pública la carta. En ella sostiene que la mejora crediticia ignora transformaciones institucionales y jurídicas que erosionan el clima de inversión bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El economista, exviceministro de Hacienda, cita el informe de clima de inversión del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado el 6 de octubre de 2026, que recomienda a los inversionistas actuar “con extrema precaución”. Según ese documento, se registra la transferencia de 110 propiedades confiscadas al INSS en el período señalado, además de otros activos confiscados entregados a entidades públicas. Chamorro añade que se han modificado normas sobre propiedades en zonas fronterizas y que instituciones estatales sirven para formalizar las incautaciones.
S&P mejora clasificación para Nicaragua. Yo discrepo: https://t.co/pOnjCRLjDj
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) November 6, 2026
Para el dirigente, estas prácticas generan dudas concretas sobre el riesgo de expropiación, la fiabilidad de los títulos de propiedad, la protección de garantías y la existencia de recursos judiciales efectivos. Señala además la concentración de poder, el debilitamiento de la independencia judicial, el mayor control estatal sobre la inversión extranjera y la aplicación arbitraria de normas fiscales y regulatorias.
La denuncia se enmarca en un patrón más amplio documentado por medios independientes: la Procuraduría General de Justicia confisca bienes y los “dona” al INSS, a menudo sin detallar ubicación, extensión o datos registrales, lo que dificulta reclamos de los propietarios originales. El caso se suma a transferencias anteriores de cientos de inmuebles hacia la institución de seguridad social.
Chamorro advirtió que el acercamiento del régimen a Irán y posibles cambios en sanciones o políticas comerciales de Estados Unidos añaden capas de riesgo bancario, comercial y reputacional para quienes operan o invierten en el país. La carta busca que S&P y otros actores financieros ponderen estos elementos antes de considerar estable el entorno de inversión nicaragüense.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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