El gobierno de Daniel Ortega enfrenta una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Esto tras ser acusado por la empresa Riverside Coffee por la destrucción casuada por fuerzas paramilitares del FSLN a una plantación.
La millonaria demanda fue interpuesta el 2 de abril de 2021 contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), luego que la empresa denunciara daños ocasionados por fanáticos y paramilitares del Frente Sandinista a sus plantaciones de aguacate en el 2018, según publicó en su momento la Revista de Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana, medio de referencia de información sobre arbitraje comercial internacional y de inversiones.
“La demanda fue registrada por la Secretaría General de CIADI el 2 de abril de 2021 y Riverside Coffee invoca el Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-América Central, CAFTA-DR. Los daños a la inversión de Riverside Coffee en una plantación de aguacate rondarían los 600 millones de dólares y se culpa al gobierno nicaragüense de no evitar la agresión”, se lee en la publicación de la revista.
La empresa estadounidense culpa al gobierno de Nicaragua de no haber evitado la agresión y por tal razón invocó la cláusula de seguridad jurídica y protección de la inversión contemplada en el DR-Cafta, acuerdo suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, y que cuya vigencia en Nicaragua es desde abril de 2006.
Proceso iniciará en octubre de este año
El 27 de julio de este año el CIADI del Banco Mundial anunció las reglas procesales que regirán el arbitraje, así como el calendario de todo el juicio que se extenderá hasta el 12 de julio de 2024.
Según información publicada por La Prensa, el proceso comenzará el 21 de octubre de 2022 y la audiencia se realizará entre el 1 y 12 de julio de 2024. Luego se definirá la fecha de resolución del caso.
Los fanáticos orteguistas y un grupo de paramilitares se habrían tomado las tierras donde se encontraban las plantaciones durante las protestas de 2018. Muchas de esas propiedades no han sido regresadas a sus dueños y Ortega intenta proteger a los funcionarios y civiles involucrados en las tomas.
Durante los avances del proceso se dio a conocer que el régimen de Ortega-Murillo intentó obtener una orden para que ninguna de las partes divulgara los nombres de los funcionarios o civiles que participarán en el proceso, aduciendo que quería proteger el “el honor y la reputación”.
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