Lo que inició hace unos meses con la apertura de un expediente de supervisión y la amenaza de mayores sanciones comerciales ha terminado por golpear directamente a la economía nicaragüense. Este viernes, el Gobierno de Estados Unidos oficializó la aplicación de nuevos aranceles que van desde el 10% hasta un 12.5% sobre las importaciones provenientes de un bloque de unas 60 economías, entre las que se encuentra Nicaragua.

La disposición surge como resultado directo de investigaciones lideradas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El informe determinó que estos países no han impuesto ni aplicado de manera efectiva prohibiciones contra la importación de bienes producidos con trabajo forzado en sus cadenas productivas.

«Ventaja de costos artificial»

Según explicó en un comunicado al inicio de las investigaciones el Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, la inacción de sus socios comerciales genera un escenario de competencia desleal para la industria de su país:

«Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se han visto obligados a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificial derivada del flagelo del trabajo forzoso».

Tras haber concluido en su informe técnico de junio que las políticas laborales de estas 60 economías eran ‘no razonables’ y perjudicaban al comercio estadounidense, la USTR tomó la acción final este jueves para oficializar la entrada en vigor de las tarifas a partir de mañana mismo.

Nicaragua bajo la lupa laboral

Para el caso de Nicaragua, el ajuste aduanero llega tras una serie de advertencias previas sobre sus regulaciones internas. Meses atrás, las autoridades de Washington abrieron una investigación enfocada en revisar la continuidad del tratado DR-CAFTA con el país, donde identificaron graves violaciones a los derechos laborales, incluyendo la permisividad frente al trabajo infantil.

Estados Unidos pone bajo vigilancia la economía de Nicaragua

Aunque en ese momento las indagaciones concluyeron sin la aplicación inmediata de sanciones severas, sentaron un precedente sobre el escrutinio a las cadenas de producción nicaragüenses. Ahora, la reestructuración arancelaria de la Casa Blanca impacta al grueso de las economías bajo seguimiento.

Sustitución de gravámenes y cambio de estrategia

Los nuevos impuestos aduaneros sustituyen al gravamen general impulsado a inicios de año por el presidente Donald Trump, el cual fue desestimado en febrero por la Corte Suprema al declarar que las tarifas indiscriminadas eran inconstitucionales sin la aprobación del Congreso.

Ante este freno judicial, la Casa Blanca ajustó su estrategia para sostener las barreras comerciales amparándose en investigaciones técnicas y ambientales de la USTR. Estas tarifas por trabajo forzado —que abarcan el 99.4% de las importaciones estadounidenses desde los 60 países investigados— resultan legalmente más difíciles de rebatir por los importadores y deprimen la competitividad de los productos centroamericanos que dependen del mercado estadounidense.

El impacto para Nicaragua: la tarifa máxima del 12.5%

De acuerdo con los criterios fijados por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), la tasa reducida del 10% aplica de forma exclusiva a las naciones que han suscrito acuerdos bilaterales o cuentan con leyes parciales contra el trabajo forzado.

Al figurar entre las economías que no disponen de mecanismos o prohibiciones efectivas exigidas por Washington, Nicaragua queda ubicada de forma directa en el tramo sancionatorio más alto, recibiendo la tarifa del 12.5%. Esto representa un encarecimiento inmediato para las exportaciones nicaragüenses que busquen ingresar al mercado estadounidense.

*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.