Fue uno de los primeros mega proyectos que prometió el gobierno de Daniel Ortega. Tumarín, se mercadeó como una represa que sería construida en la zona de Apawás, Caribe sur de Nicaragua. Según anunció la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica ENATREL esta obra estaría generando electricidad desde 2018. Se invertirían 1.100 millones de dólares para lograr una capacidad instalada de 253 megavatios, lo que representaría el 25% del consumo nacional y cambiaría la matriz energética del país a fuentes renovables.
Pero el «sueño» nunca se hizo realidad y un escándalo de corrupción de magnitud mundial en el que se vio envuelta la empresa brasileña que dirigía el proyecto terminó con las prórrogas que constantemente anunciaba el gobierno, que finalmente reconoció que la represa estaba detenida y que buscaba otros inversionistas.
La empresa brasileña Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), quien llevaba la dirección del proyecto, vendió todas sus acciones por un valor de US44, 2 millones a la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y a la privada Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte). Tumarín tendría una extensión de 3,700 manzanas, unos 26 kilómetros cuadrados. Los pobladores de esas tierras serían indemnizados y reubicados en otra zona cercana, «El nuevo Apawás», que la empresa construiría para ellos.
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Al inicio, el proyecto generó inconformidad en los pobladores afectados, y el descontento perdura después de más de una década. Tras engorrosas negociaciones se logró pagar miles de dólares a las personas que habitaban originalmente la comunidad. Se calcula que la empresa invirtió entre 20 y 40 millones de dólares en abrir una trocha de 50 kilómetros y pagar las tierras a los desplazados. Fue lo único que el proyecto avanzó.
Actualmente muchos de los que se vieron presionados a negociar sus tierras y salir de su comunidad, siguen quejándose porque aseguran que varias personas supuestamente se han adueñado de grandes manzanas del antiguo pueblo bajo un «acuerdo de arrendamiento», lo que ha dado origen a un desorden territorial y a conflictos entre pobladores.
Así se vería Tumarín, según los planos originales del proyecto. Foto: Cortesía
¿Qué pasó con las tierras indemnizadas?
Enrique Matus, un agricultor que se enlista entre los perjudicados por el proyecto, se fue del pueblo de Apawás después que lo indemnizaron. Comenta que la empresa le debe todavía 500 dólares, y le prometieron que solo se los pagará hasta que el proyecto sea retomado.
«Yo había comprado ahí (la propiedad indemnizada) para hacer una casita y una venta, pero al ver que iba el pueblo a otro lado (…) uno decide negociar», relata con arrepentimiento. La propiedad de Enrique Matus fue indemnizada por 4,576.97 dólares, según se lee en un recibo de pago que nos mostró, con fecha del 4 de noviembre de 2014.
Matus afirmó a Nicaragua Investiga que ahora en las propiedades que fueron indemnizadas y desalojadas, hay personas que ocupan inmensas manzanas de tierra asegurando que les fueron arrendadas y esto generó más descontento entre los perjudicados que creen que si el proyecto se canceló, la empresa debió renegociar con ellos para regresarlos a su lugar de origen, sobre todo porque no se cumplió con la mayor parte de lo prometido.
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A él no le han permitido trabajar en las fincas y lamenta no poder producir como lo hacen otras personas. «Si tiene 300 manzana uno, ¿por qué no le quitan la mitad y ubican a la gente para el que quiera trabajar?», se pregunta. Matus antes cultivaba la tierra para ganarse el sustento y ahora no tiene forma de producir debido al acuerdo de venta al que fue presionado.
Matus se llena de nostalgia por el pueblo que abandonó debido al proyecto de la represa. Cuando viaja a Apawás, ve las casas abandonadas y nota cómo se van deteriorando por el paso del tiempo. Él no pudo volver a su hogar porque dice que un grupo del Ejército de Nicaragua se estableció en la zona para «resguardar el lugar».
Así lucía el antiguo pueblo de Apawás antes de la compra bajo presión de CHN. Foto: Cortesía.
Finqueros adinerados, los nuevos «dueños» de Apawás
Rita Hurtado, era habitante de Apawás y fue desplazada del lugar por el proyecto. Ella señala que las personas del pueblo que tienen más dinero formaron una directiva para poder quedarse con las tierras que fueron compradas por el proyecto y que permanecen en abandono. Cuenta que no hay una autoridad para poner el orden y que son los que tienen dinero los únicos a los que se les ha permitido entrar a las parcelas y hacer uso de ellas tras la salida de la empresa internacional.
«Los finqueros dicen que son de ellos, que se las dieron a ellos para que las trabajen el tiempo que quieran y que les dieron un papel y que si se las quieren quitar tienen que pagarle todo lo que le han invertido», manifestó Rita Hurtado.
«El Ejército los apoyó en decirle que ahí estaban las tierras para que la trabajaran por 20 años«, dice Hurtado, y agrega que aunque quisieran protestar para solicitar manzanas de tierras, los que tienen mejores condiciones económicas son los más beneficiados, porque son los únicos que pueden negociar. «Como tienen reales ya lo cercaron, ya le pusieron trabajo y ahí nadie se mete», añade.
Algunas casas quedaron abandonadas debido al proyecto fallido. Foto | Cortesía
Agricultores sin tierra pasan hambre
El agricultor Enrique Matus asegura que él solicitó varias manzanas de tierras en arrendamiento para trabajar en un lugar de Apawás; hasta hoy su solicitud no ha sido respondida.
«Por lo menos yo necesito unas 20 o 30 manzanas para sembrar unas yucas para sustentar», expresó el agricultor. «Hay algunos que agarraron 100 manzanas otros 150«, dice Matus, y señala que eso es «demasiado para una persona», pues muchos agricultores pobres como él ni siquiera pudieron negociar el permiso para cultivar 10 manzanas de tierra.
Petrona Maritza López Borge, vicealcaldesa de La Cruz de Río Grande, localidad donde se ubica Apawás, dice que a su despacho han llegado varias denuncias de personas que son de escasos recursos que ameritaban al menos unas cinco manzanas para la agricultura de subsistencia: «algunos se las dieron y al mismo tiempo se las quitaron y ha habido más (beneficio) para el que tiene más facilidad (dinero)», añade. Asegura que los pobladores que han quedado empobrecidos por haber perdido su medio de subsistencia; la tierra, ahora padecen inseguridad alimentaria y pasan serias dificultades para su sobrevivencia.
Rita Hurtado dice que CHN dejó un caos en el lugar, pues además de los finqueros adinerados, están disputándose las propiedades varios pobladores que decidieron tomarse las tierras indemnizadas «porque el proyecto les había ofrecido hacerles un «Nuevo Apawás», hacerles las casas en el pueblo y como no le han hecho las casas por eso ellos agarraron tierras pagándose esas casas que nunca le hicieron», dice la afectada.
Según explicó CHN en su momento, el «Nuevo Apawás» tendría 314 casas nuevas con todas las condiciones, además de contemplar centros comunales y calles por una inversión de 31 millones de dólares.
Las promesas rotas
La Ley 695 (Ley especial para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín), especifica que se desarrollará una comunidad local llamada «Nuevo Apawás» con infraestructura digna y adecuada, lo que incluía «viviendas y caminos de acceso». Nada de esto se cumplió, según la versión de varios indemnizados.
«Ellos se comprometieron a hacer una nueva carretera de San Pedro del Norte del otro lado del río para el nuevo pueblo. Emparejaron el terreno como unas veinte manzanas porque lo compactaron cuando se iba a hacer el pueblo, pero hasta ahí nomás», señaló Matus.
Hurtado reafirma que la carretera que prometió CHN no se hizo y que «solo fue la semejanza para que la gente creyera que era cierto» que el proyecto y todas las promesas iban conforme la Ley.
La vicealcaldesa de La Cruz de Río Grande asegura que el terreno donde se iba a construir el nuevo pueblo está intacto. «Prometieron hacer las nuevas viviendas porque lo iban a hacer bien urbanizado, con sus escuelas, sus oficinas, iglesias, parque, canchas, drenaje de aguas pluviales. Todas las condiciones nos prometieron, pero a la vez no nos han cumplido», denunció.
Los pobladores del pueblo de Apawas en precarias condiciones. Foto | Cortesía
Un proceso «sospechoso» en tierras protegidas por ley
Dolene Miller, Facilitadora Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (APIAN), considera que en el caso de Tumarín el gobierno de Nicaragua violó la Ley de Autonomía, ya que explica que las tierras son inajenables e inembargables en la Región de la Costa Caribe de Nicaragua.
«Las tierras comunales son inajenables; no pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles», dice el artículo 36 de la Ley 28 (Ley de Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua).
Miller asevera que los proyectos de gran envergadura tenían que pasar por el Consejo Regional, lo cual no se hizo y tampoco se llevaron a cabo las consultas con la población para conocer sus afectaciones.
«En esa negociación creemos que hay algunas personas que se aprovecharon de la ocasión (…) esas zona quedó bajo el dominio del gobierno nacional o personas que no sabemos», asegura Miller.
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De acuerdo a las declaraciones de la caribeña, es «sospechoso» que donde pasan las rutas de los proyectos en el Caribe, misteriosamente entran grupos de «colonos», se asientan, hay una negociación de la tierra, y luego no hay proyecto y las tierras quedan en manos de otras personas.
«El gobierno lo que ha hecho es crear gobiernos paralelos para controlar a estas comunidades (…) es lamentable que hayan recurrido a esos recursos para intimidar «, subrayó Miller.
Lo planteado por Miller se corresponden con otras realidades en el resto de Centroamérica donde comunitarios son desplazados con diferentes estrategias por grandes corporaciones o redes de poder, que usan las tierras para sacar diferentes provechos.
Daniel Ortega ha logrado que ya casi nadie hable de aquel proyecto que nunca cumplió. Mientras tanto, los habitantes originales de Apawás no pueden solo pasar la página. Ya no están más en su comunidad, no tienen las casas ni los beneficios que les prometieron y tampoco tienen forma de seguir subsistiendo, porque las tierras que cultivaban son ahora parte de un pueblo fantasma que se encuentra bajo el dominio de poderosos finqueros. El hambre los obliga a recordar a diario que fueron el saldo nefasto de una transacción entre poderosos que solo los dejó peor que antes.
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