Los llamados están aumentando para que la administración Biden revoque la visa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra actualmente en la Florida, después de disturbios en Brasil por sus simpatizantes.
Sin embargo, los expertos advierten que los esfuerzos para hacerlo regresar contra su voluntad, especialmente con una extradición, enfrentarían desafíos legales que pudieran durar años.
Bolsonaro está en Orlando, Florida, desde finales de diciembre. Salió de Brasil días antes de la investidura de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones del año pasado por un margen de 1,8 % de los votos.
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Bolsonaro nunca concedió la derrota y, al igual que el expresidente de EEUU Donald Trump, advirtió a sus partidarios de antemano que la elección estaría amañada en su contra.
Muchos de sus simpatizantes acamparon por varias semanas en el exterior de bases militares en Brasil para exhortar a los militares a dar un golpe de Estado que impidiera la investidura de Lula el 1 de enero.
No hubo golpe, y a una semana de la juramentación de Lula, una turba de miles de simpatizantes de Bolsonaro asaltaron los edificios del Estado en Brasilia. Cientos fueron arrestados y las autoridades retomaron el control.
Inmediatamente comenzaron las comparaciones con el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 por partidarios de Trump para impedir la certificación de la elección de 2020 por el Congreso.
Estatus migratorio
El estatus migratorio actual de Bolsonaro no es claro. Si entró en EEUU con una visa diplomática, su autorización de viaje habría terminado junto con su término presidencial y tendría 30 días para regresar a Brasil o buscar otro estatus migratorio.
Una visa de turista le permitiría quedarse en EEUU de 30 a 60 días, pero estaría sujeta a revocación por el Departamento de Estado. El departamento ha declinado aclarar qué tipo de visa usó Bolsonaro para entrar en el país.
Biden condenó los sucesos en Brasil, pero los funcionarios de la Casa Blanca ha sido muy cautelosos para abordar el tema de cómo la administración intenta manejar la presencia de Bolsonaro en EEUU.
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México el lunes, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que hasta el momento no se había recibido ninguna solicitud del gobierno brasileño con respecto a Bolsonaro.
“Por supuesto que si recibimos algo de eso, lo trataremos como siempre, con mucha seriedad”, dijo Sullivan.
Si la visa de Bolsonaro fuera revocada, tendría que salir de EEUU, pero podría viajar a un tercer país si no quisiera regresar a Brasil.
Una extradición es complicada
Bolsonaro estuvo bajo investigación por presuntas actividades ilegales durante su presidencia. Si se presentaran cargos en su contra, podría estar sujeto a una solicitud de extradición del gobierno brasileño, que tiene un tratado de extradición con EEUU.
Jacques Semmelman, de la firma de abogados Katten Muchin Rosenman, en Nueva York, la cual ha manejado muchos casos internacionales de extradición dijo a la Voz de América que el proceso sería muy prolongado, especialmente si la persona lo desafía.
“Cualquier país que busque una extradición desde EEUU para un individuo en particular debe presentar una solicitud que satisfaga varios requisitos”, explicó Semmelman. “Y esos cargos tienen que estar respaldados por pruebas de que hay una causa probable para creer que la persona cometió delitos”.
La solicitud inicial va al Departamento de Estado, que la examina para ver si cumple con los requisitos básicos de extradición. Después se envía al Departamento de Justicia, que asigna el caso a la oficina del fiscal federal en la jurisdicción donde reside el individuo.
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Esa oficina inicia un procedimiento judicial para establecer has qué punto la persona puede ser extraditada de acuerdo con las leyes. Si la corte determina que la persona es extraditable, el caso es transferido de regreso al Departamento de Estado, cuyo secretario decide su proceder o no con la extradición.
Semmelman dijo que hay una serie de defensas potenciales contra una extradición que pueden alargar interminablemente el proceso en las cortes.
«Si la extradición es disputada por la persona acusada, el proceso de extradición dentro del sistema judicial puede tardar muchos meses y a veces años. Es un proceso largo y complejo en el que pueden aparecer muchos aspectos”.
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