Es falso que no haya pruebas de torturas en las cárceles de El Salvador como dijo el presidente Nayib Bukele en una entrevista que ofreció a la revista TIME.
En la entrevista con transcripción completa publicada por TIME el 29 de agosto pasado, el presidente salvadoreño negó que existan casos de tortura en las cárceles del país y minimizó el número de muertes en prisiones. Sin embargo, testigos, víctimas y organismos nacionales e internacionales que han visitado El Salvador a raíz del régimen de excepción documentan celdas atestadas de reos, insalubridad, golpizas y asesinatos en las cárceles salvadoreñas.
“Yo creo que hay mucha narrativa falsa en lo que se ha dicho internacionalmente. Yo lo dividiría en dos cosas. Uno, hay mucha narrativa falsa, por ejemplo, los que hablan de muertes en las cárceles o de torturas, no hay ni una tan sola prueba de tortura y las muertes en las cárceles, nuestras tasas de muertes son bastante bajas”, dijo Bukele en la extensa entrevista de Vera Bergengruen.
Incluso, acusó a las organizaciones de derechos humanos de tener “medias verdades” y se justificó diciendo que las muertes en las cárceles de El Salvador son menores a la de otros países.
Solo en X la entrevista desde la cuenta de TIME se ha visualizado más de 3,1 millones de veces. También han sido compartidos varios fragmentos desde la cuenta del presidente, así como replicada por la agencia internacional AP y medios locales.
Esta no es la primera ocasión que el gobierno sostiene esta narrativa. Se documentó que el pasado 12 de julio, el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, Andrés Guzmán, negó que existan casos de personas torturadas y asesinadas al interior de las cárceles del país.
Testimonios e informes contradicen al gobierno
Distintos informes de organizaciones de derechos humanos como Cristosal, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) han revelado casos de tortura en las prisiones de El Salvador.
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Uno de los más recientes informes de la CIDH describe el régimen de excepción como una política criminal “altamente represiva”, que carece de derechos y garantías, y bajo la cual han ocurrido innumerables violaciones de derechos humanos como abuso sexual, abortos y muertes por estrangulamiento en las cárceles. En sus 157 páginas incluye, además, testimonios que contradicen el relato de Bukele en torno a su política estrella de seguridad.
“Nos pusieron de rodillas, nos pusieron una gran golpiza y nos hicieron caminar de rodillas en la grava. Nos insultaban diciéndonos que éramos unos “pandilleros de mierda (…) El sol estaba muy fuerte, nos quemamos las rodillas por lo caliente. Hacían conteo en la mañana y en la tarde. Nos sacaban con las manos en el cuello. Les ponían descargas eléctricas. Nos levantaban a golpes, a patadas, para ellos era como un deporte, se ponían a reír, se alegraban porque uno se cayera”, relató un testigo a la CIDH.
La tortura es descrita por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o que sospeche que cometió, para intimidar o coaccionar a esa personas u otras.
Algunos testimonios de mujeres revelan, además, violaciones sexuales y abortos.
“Vi abortos por falta de asistencia médica. En la celda en la que estábamos se le reventó el apéndice, la sacaron al hospital, pero cuando le hicieron la cirugía no se dieron cuenta que llevaba 4 meses de embarazo. La volvieron a sacar por complicaciones, se dieron cuenta de su embarazo y le tuvieron que hacer un legrado. Yo no sé cómo quedó embarazada si llevaba más tiempo detenida”, agregó una testigo a la Comisión.
Para la CIDH estos no son testimonios aislados sino un patrón de ilegalidades que ocurren en todos los recintos carcelarios de El Salvador, y que hacen parte de un sistema de justicia “deshumanizado”.
De igual forma, la organización de derechos humanos Cristosal, con sede en El Salvador, Honduras y Guatemala, ha recibido 3.643 denuncias por abusos o violaciones de derechos entre marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, y abril de 2024. En su último informe, “El silencio no es opción”, publicado en julio de 2024 documentaron, además, 256 muertes en las cárceles salvadoreñas, 4 de ellas eran niñas y niños.
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También señalaron denuncias por tortura a personas privadas de la libertad que anteriormente ocuparon cargos públicos. En casos como los de Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad; Ramón Fernando Roque, exsubjefe de Inteligencia Penitenciaria; y Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y exdiputado de la Asamblea Legislativa, entre otros. “Hay razones para afirmar que estas prácticas se producen por motivaciones políticas”.
A inicios de agosto, el exasesor de seguridad nacional Alejandro Muyshondt murió en una cárcel salvadoreña luego de permanecer seis meses en prisión, acusado por Bukele de trabajar como “doble agente” en su gobierno. Tras su muerte, la revista especializada en periodismo de investigación Factum tuvo acceso al expediente clínico del exfuncionario mientras estuvo preso: padeció cáncer gástrico y que fue sometido a cuatro cirugías cerebrales. También se contaminó por bacterias hospitalarias y tuvo desnutrición.
En el primer año del régimen de excepción Cristosal presentó la primera lista de personas que murieron bajo la custodia del Estado y documentó prácticas de tortura sistemática al interior de los centros penales.
“La mayoría de personas detenidas son personas jóvenes, que entraron sanas a la cárcel y que están muriendo por tuberculosis, insuficiencia renal y desnutrición, y esto sin duda se debe a las condiciones de tortura y tratos crueles e inhumanos en las cárceles que incluye la negación de asistencia médica, la negación de alimento, agua y medicinas”, dijo a la Voz de América, David Morales, exprocurador de derechos humanos y ahora jefe de justicia transicional en la organización Cristosal.
El periodista Víctor Barahona también vivió en carne propia estas prácticas de tortura en las cárceles de El Salvador. En un relato para la VOA describió los 11 meses de tortura a los que fue sometido mientras estuvo preso: le racionaron el agua, la comida, la medicina. Hubo golpes, violaciones, y numerosas prohibiciones como realizar misas aún dentro de la celda.
Barahona recuerda a un grupo de custodios, conocido entre los reos como «Los chacales», que no eran los custodios de traje gris o celeste, identificados explícitamente como la seguridad de la cárcel, sino un grupo de 25 hombres, cuyo atuendo era ropa negra y gorros pasamontaña que les ocultaba el rostro y cualquier otro rasgo físico que los identificara. Aparecían en cuadrillas y se les conocía por violentos. Sacaban reos de las celdas y estos, en ocasiones, no regresaban.
Aunque Barahona fue liberado, su proceso judicial continúa.
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Amnistía Internacional, en un reporte de diciembre de 2023, investigó 12 casos de muertes bajo custodia del Estado de los cuales en tres de esos, las familias de los fallecidos mostraron certificados oficiales extendidos por el Instituto de Medicina Legal, donde las víctimas fueron atendidas antes de fallecer y tuvieron como causa principal de muerte “asfixia mecánica”, “traumatismos múltiples no identificados” y “vapuleado”.
De la mano de expertos, peritos, médicos y decenas de entrevistas, la organización Human Rights Watch (HRW) también documentó recientemente casos de violaciones a derechos humanos y casos de tortura en detenciones de niños, niñas y adolescentes.
“Encontramos que entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 hubo más de 3.300 niños detenidos y además de detenciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, en temas de acoso y estigmatización, efectivamente documentamos casos de tortura”, dijo a la Voz de América Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW.
Se recopilaron testimonios y se reunieron 22 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron golpeados y maltratados físicamente por las fuerzas de seguridad durante el arresto y después de las detenciones, en delegaciones policiales, centros de resguardo y en centros penitenciarios.
“Eso incluyó casos de quemaduras, asfixias, simulacros de ejecución, amenazas de muerte, falta de acceso a mantas y colchones en los lugares de internamiento, dinámicas de privación del sueño, castigos físicos, privación de acceso a alimentos, casos en los cuales les tiraron gases lacrimógenos dentro de las celdas, noches enteras en las que algunos de ellos tenían que estar con los brazos esposados por encima de de la cabeza”, detalló.
Castigos colectivos, mezclas de niños con adultos en donde internos golpeaban a los menores de edad, violencia sexual a manos de otros internos sin actuación de autoridad, así como falta de acceso a medicamentos, atención médica y a educación, forman parte de las agresiones.
Goebertus mencionó que aunque le han entregado los casos de tortura y de violaciones a los derechos humanos a las autoridades de El Salvador, solo han dicho que los revisarán y les han brindado la opción de acudir a las cárceles con múltiples requisitos que hacen complicado el acceso.
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Estado se defiende
El gobierno salvadoreño ha sacado su propio informe de derechos humanos en el que describe un país seguro y respetuoso de los derechos de los ciudadanos mediante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, una oficina creada en el primer gobierno de Bukele.
En el informe se describe ampliamente el daño que las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 le ocasionaron a los salvadoreños durante décadas y cómo tras la implementación del régimen de excepción, los salvadoreños tienen una “protección real y efectiva de derechos constitucionalmente reconocidos”.
Según el gobierno, se ha verificado que las diferentes cárceles mantengan un orden y condiciones adecuadas. Además, la Fiscalía impuesta por la mayoría oficialista en mayo de 2021 concluyó que no hubo delito en 142 muertes ocurridas en penales.
Tras el reciente informe de la CIDH, esta oficina en El Salvador aseguró que hubo “falta de transparencia e imparcialidad” en la elaboración y aprobación del reporte, y le urgió a la CIDH aclarar el origen de su financiamiento y cómo seleccionan sus fuentes y testigos.
Voz de América
