El gobierno de Nicolás Maduro contrató a una donante del Partido Demócrata por seis millones de dólares mientras presionaba para disuadir a Estados Unidos de imponer sanciones a la nación petrolera, esto según unos nuevos registros de cabildeo presentados recientemente.
Los documentos, que se dieron a conocer el jueves, muestran que una subsidiaria estadounidense del gigante petrolero estatal venezolano PDVSA acordó contratar a la firma de abogados de Marcia Wiss en Washington en marzo de 2017. Ese mismo mes, firmó un acuerdo de consultoría por 50 millones de dólares con el polémico excongresista David Rivera.
Wiss, una abogada de comercio internacional con un historial de donaciones al Partido Demócrata, incluyendo una contribución de 1.500 dólares a la campaña del presidente Joe Biden el año pasado, niega haber realizado ninguna labor de cabildeo.
Su antiguo cliente — ahora bajo una nueva dirección — señaló que desconocía el alcance total de su labor para determinar si constituía una actividad política beneficiosa para el gobierno de Nicolás Maduro. La subsidiaria de PDVSA también tomó la inusual medida de registrarse de forma retroactiva como agente extranjero, revelando los contratos con Rivera, Wiss y un tercer contratista.
Tomada de: Estrategias y negocios
Los acuerdos salieron a la luz mientras los aliados del líder opositor venezolano Juan Guaidó trabajan con el Departamento de Justicia estadounidense para descubrir cualquier pacto presuntamente corrupto en otra subsidiaria de PDVSA, Citgo, con sede en Houston, que durante años operó como fuente de ingresos para el partido gobernante en Caracas.
La junta directiva nombrada por Guaidó se hizo con el control de Citgo, la sexta refinería independiente más grande de Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump lo reconoció como el líder legítimo de Venezuela en 2019.
Los mismos funcionarios nombrados por Guaidó responsables de la presentación como agente extranjero demandaron a Rivera el año pasado por romper supuestamente su contrato de consultoría. La fiscalía federal en Miami investiga también si el republicano violó las leyes de cabildeo internacional.
En el momento en que Wiss y Rivera estaban contratados, Maduro trataba de ganarse el favor del gobierno de Trump, evitando criticar al por entonces nuevo presidente de Estados Unidos de forma directa mientras desviaba 500.000 dólares a su comité inaugural a través de Citgo.
Maduro ha sido desconocido por varios países del mundo, incluído. EEUU.
Los contratos con Rivera y Wiss formaron parte de un esfuerzo para disuadir a la Casa Blanca y a otros gobiernos de imponer sanciones a Venezuela, según tres personas familiarizadas con los acuerdos que hablaron bajo condición de anonimato para abordar el asunto políticamente delicado. Los pagos procedían de una subsidiaria poco conocida registrada en Delaware, PDV USA, que prestaba servicios de accionistas a PDVSA con independencia de las operaciones petroleras de Citgo.
Las tres fuentes señalaron que el gobierno de Maduro empleaba regularmente el holding para actividades políticas en Estados Unidos.
La ofensiva fracasó. Respaldado por exiliados en Miami, en los primeros días de su gobierno, Trump recibió a la esposa de un destacado activista venezolano encarcelado y, en agosto de 2017, impuso la primera de las cada vez más restrictivas sanciones a PDVSA. Los demócratas celebraron la postura de Washington y la Unión Europea comenzó a atacar a aliados de Maduro con sus propias restricciones.
Con un enfoque igual de discreto hacia el gobierno de Biden, Maduro trata de suavizar las hostilidades con un país que durante décadas fue el mayor socio comercial de Venezuela, antes de que las sanciones acercaran a Caracas a rivales estadounidenses como Rusia, China e Irán. En la ecuación estaba también el representante Pete Sessions, a quien PDVSA trató de reclutar para concertar una reunión con la dirección de Exxon cuando el exdirector general de la petrolera, Rex Tillerson, fungía como secretario de Estado de Trump.
Wiss recibió cerca de la mitad de los seis millones en pagos mensuales de 250.000 dólares antes de recibir instrucciones, como Rivera, de pasar las facturas a PDVSA en Caracas en abril de 2018, según los documentos. En una ocasión, viajó a la capital venezolana para reunirse con la entonces canciller Delcy Rodríguez, que era la encargada de relaciones internacionales en la junta directiva de PDVSA, de acuerdo con dos de las tres personas conocedoras del pacto. Rodríguez es ahora vicepresidenta del país.
Wiss señaló que su despacho de abogados no ofrece ni ha ofrecido nunca servicios de cabildeo, y que nunca cobró ni recibió pagos de PDVSA ni de nadie no relacionado con Estados Unidos, lo que sugiere que la mitad del contrato no se habría abonado.
“Wiss se comprometió únicamente a ofrecer a PDV USA y a sus socios servicios legales”, escribió en una respuesta por email a preguntas.
La junta de PDV USA nombrada por Guaidó consideró que las contrataciones de Wiss, Rivera y de una tercera empresa, Caribbean Style Inc., debían registrarse bajo las normas de cabildeo internacional. La empresa de Texas Caribbean Style recibió 625.000 dólares por cuatro anuncios publicitarios a página completa en el New York Times y el Washington Post.
“El contenido provenezolano y contrario a las sanciones de Estados Unidos de estos anuncios sugieren que buscaban influir en la perspectiva del gobierno de Estados Unidos o de la población estadounidense sobre las sanciones a Venezuela”, señaló PDV USA en su documento, fechado el 31 de diciembre.
En total, PDVSA envió 89 millones de dólares a PDV USA entre 2015 y marzo de 2017 para pagar a proveedores con sede en Estados Unidos, según la presentación, que fue reportado en primer lugar por Foreign Lobby Report, un servicio de noticias online especializado en cabildeo.
PDV USA señaló que Wiss proporcionó actualizaciones de disputas que afectan a PDVSA y asesoría en inmigración, seguros y criptomoneda.
“PDV USA no está al tanto del alcance total del trabajo legal que Wiss podría haber realizado bajo el contrato”, explicó la empresa, sugiriendo que los funcionarios nombrados por Guaidó consideran que su elevada tarifa podría haber cubierto servicios adicionales más allá de los registrados. La AP no pudo encontrar ningún rastro de Wiss actuando en nombre de PDV USA o PDVSA ante tribunales federales o en la gran cantidad de reclamos federales contra Venezuela ante un panel de arbitraje del Banco Mundial.
Wiss rechazó aclarar que servicios legales prestó o si había viajado a Caracas como parte de su trabajo, citando la confidencialidad entre abogados y clientes. “Su información es falsa y, nuevamente, lo están engañando”, agregó.
Los abogados de la nueva junta directiva de Citgo demandaron a la consultora de Rivera el año pasado por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. De acuerdo con la querella, Rivera, excompañero del también senador republicano Marco Rubio, no pudo describir ningún trabajo realizado por su empresa, Interamerican Consulting, preparando únicamente dos de los siete reportes de progreso quincenales prometidos, al tiempo que cobró 15 millones de dólares de los 50 acordados.
El objetivo de ese contrato era mejorar “la reputación a largo plazo” y el “prestigio” de PDVSA entre las “partes interesadas” en Estados Unidos, según una copia a la que tuvo acceso la agencia AP.
La carrera política de Rivera se truncó por varias polémicas electorales, incluyendo supuestamente orquestar la financiación encubierta a un desconocido candidato demócrata frente a su principal rival en la carrera al Congreso en el Sur de Florida, y una investigación estatal sobre si escondió un contrato de un millón de dólares con una empresa de juegos de azar. Nunca ha sido acusado de ningún delito.
Este acuerdo está siendo investigado también por las autoridades federales de Miami porque Rivera nunca se registró ante el Departamento de Justicia, como se exige para cabildear entre funcionarios estadounidenses en nombre de un gobierno extranjero.
Wiss tampoco se registró nunca como agente extrajero y no hay indicios de que esté siendo investigada.
Wiss trabajó durante años como abogada en Hogan Lovells, donde PDVSA era cliente, antes de abrir su propio despacho, Wiss & Partners, en 2016.
Nicaragua Investiga
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