Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea, se pronunció sobre la detención de más de 13 personas el pasado 14 de noviembre por llevar agua a varias madres en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel de Masaya , así como el asedio a ese templo por parte de la policía.
Para la Unión Europea estos hechos «representan una violación contra los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses» y considera que en el país ha habido «un serio retroceso para el proceso político que transmite una señal negativa sobre la voluntad del gobierno de trabajar hacia una salida pacífica y democrática de la crisis».
La Unión Europea llama al gobierno y a las autoridades policiales y judiciales a «liberar a los detenidos y retirar los cargos, levantar el asedio a la iglesia y garantizar el pleno respeto de los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses, incluidos la libertad de expresión, reunión, religión y protesta pacífica».
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El bloque de países europeos recordó la necesidad urgente de convocar a un diálogo «creíble e inclusivo», así como impulsar reformas electores «según los estándares internacionales», como únicas vías para resolver la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
La Unión Europea asegura que está dispuesta a utilizar «todos sus instrumentos para apoyar la justicia y la democracia en Nicaragua y reaccionar ante el actual proceso de deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho», y aseguró que «quienes socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua deberán rendir cuentas».
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Marco legal para sancionar
El pasado 15 de octubre, el pleno de la Unión Europea aprobó un marco jurídico que facilita la aplicación de sanciones individuales para funcionarios públicos nicaragüenses involucrados en los eventos de violación a derechos humanos. Sin embargo hasta la fecha este organismo no lo ha utilizado.
Estados Unidos por su parte ha sancionado a 14 funcionarios y una entidad bancaria bajo la administración de la familia Ortega-Murillo.
Este 19 de noviembre, un informe de la OEA determinó que Nicaragua ha roto el orden democrático e institucional al socavar los derechos fundamentales de los nicaragüenses y someter a todos los poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo.
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