La región centroamericana enfrenta una de sus mayores crisis climáticas y productivas de los últimos años. El avance implacable del fenómeno de «El Niño» —que según las proyecciones científicas internacionales se perfila como un episodio «Súper Niño» por el aumento drástico en las temperaturas del Océano Pacífico ecuatorial— mantiene en máxima alerta a los países de la región.
Sin embargo, mientras los gobiernos vecinos activan planes de contingencia para proteger la seguridad alimentaria y el suministro de agua, en Nicaragua la respuesta oficial destaca por un preocupante y absoluto silencio.
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Alertas rojas y emergencias en el istmo
Frente a la inminente contracción agrícola y el déficit de lluvias, los países de la región han comenzado a reaccionar institucionalmente. Gobiernos centroamericanos como Panamá, El Salvador y Honduras han formalizado medidas extraordinarias mediante decretos de emergencia ambiental y agrícola para mitigar el impacto.
En Panamá, la disminución de los niveles de agua afectó directamente el tránsito comercial interoceánico. De acuerdo con reportes de la agencia AFP, «Panamá y El Salvador declararon este martes la emergencia para enfrentar las lluvias y sequía asociadas al fenómeno de El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado».
Por su parte, la Dirección General de Protección Civil de El Salvador advirtió públicamente que «la combinación de déficit de precipitación, recurrencia de períodos secos, temperaturas superiores a lo normal (…) incrementa los niveles de vulnerabilidad de la población, afectando disponibilidad de agua, producción agropecuaria, medios de vida y seguridad alimentaria».
Honduras, del mismo modo, emitió declaratorias de alerta en la franja de municipios del Corredor Seco ante la pérdida de áreas cultivables de granos básicos. Según datos meteorológicos regionales difundidos por la prensa internacional, la crisis es global y severa. «El Salvador, Nicaragua y Honduras batieron sus récords de temperatura mensual (…), lo que ha agravado los temores de hambruna»
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A pesar de compartir la misma franja geográfica de vulnerabilidad —con vastas regiones del norte, occidente y centro del país sufriendo el azote continuo del déficit hídrico—, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha establecido una estrategia oficial de contención ni ha emitido alertas preventivas orientadas a proteger a los pequeños y medianos productores. Ni siquiera han mencionado el fenómeno.
Ante el inminente encarecimiento de la canasta básica y el riesgo inminente de perder las cosechas de primera y postrera, las instituciones estatales como el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el Ministerio de Agropecuario (MAG) mantienen un discurso evasivo centrado en normalizar las alteraciones del clima.
La falta de un plan de respuesta formal no solo expone a los campesinos a pérdidas irreparables de cultivos de maíz y frijol, sino que agrava el riesgo de inseguridad alimentaria en las zonas rurales del país. La pasividad estatal ante un fenómeno de escala global deja al sector agropecuario nicaragüense a la deriva, supeditado únicamente a la suerte climática mientras los países vecinos ya movilizan fondos de emergencia para asistir a sus poblaciones.
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*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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