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Gobierno de España prohíbe exportación de 600,000 cartuchos de escopeta a Nicaragua

Paramilitares usaron armas de guerra durante las protestas de 2018 y nunca se investigó de dónde provenían Foto: EFE

El gobierno de Nicaragua solicitó a España la compra de 600,000 cartuchos de escopeta valorados en 115,000 euros.

La solicitud de tal material de defensa fue desaprobada por el gobierno español, en base a las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.

«Las denegaciones en otro material fueron dos, en la exportación a Tailandia de 66 granadas lacrimógenas de 56 mm., en aplicación de los criterios 2 (respeto de derechos humanos) y 3 (situación interna) de la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, y a Nicaragua de cartuchos de escopeta, en aplicación de los criterios 2 (respeto de derechos humanos) y 3 (situación interna)», cita el informe español.

Uso de armas de guerra por paramilitares

En 2019 investigaciones periodísticas extranjeras y de organismos de Derechos Humanos en Nicaragua, pudieron constatar el uso de armas de guerra en paramilitares y parapoliciales sandinistas.

Dichas armas fueron utilizadas contra civiles en varios puntos del país, durante las manifestaciones cívicas del 2018, dejando como saldo hasta esa fecha 328 muertos según la CIDH.

Paramilitares armados acompañan caravana de Ortega a Masaya en 2018/ EFE

El Ejército de Nicaragua no cumplió con su deber constitucional de desarmar a esos grupos, y por esa razón su Jefe, el General Julio César Avilés fue sancionado por Estados Unidos.

El Ejército tampoco investigó nunca de dónde provinieron las armas y municiones de guerra que usaron estos grupos y que según la Constitución Política no pueden estar en manos de civiles.

España también suspende contrato de armas con Maduro

España también suspendió todos los contratos vigentes con el gobierno de Nicolás Maduro que pidió la ampliación del contrato de modernización de carros de combate de origen francés del Ejército venezolano que, por 20,000,000 de euros, tenía una empresa española.

Así como la suspensión de cuatro licencias de exportación que permanecían vigentes a principios de 2019 por sistemas electro-ópticos, mantenimiento de helicópteros y piezas de avioneta.

Foto principal: EFE

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