El informe 2020 del Estado de la Democracia en Nicaragua, elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) refleja un grave deterioro de toda una variedad de indicadores democráticos del país, a tal punto que en la actualidad solo Venezuela está peor en la región.
En el informe se destaca que organismos internacionales como Economist lntelligence Unit y el Proyecto Mundial Variedades de la Democracia señalan en el 2020 el auge de una «tercera ola de autocratización» en el mundo, la cual está “caracterizada por la presencia de líderes políticos que acceden legalmente al poder y luego, de forma gradual, pero sustancial, socavan las normas democráticas fundamentales”.
Los indicadores estudiados en el informe, desde un enfoque de democracia liberal, las elecciones, la libertad, la justicia y el compromiso ciudadano.
“Los índices internacionales sobre democracia consideran que el país se encuentra en un período de gobierno autocrático. Esto es resultado de un proceso gradual pero continuo de autocratización que deterioró las bases de la democracia que Nicaragua venía desarrollando a partir de 1990”, asegura Funides.
Grave retroceso democrático
En este sentido destaca que Economist lntelligence Unit clasifica a Nicaragua en el 2020 como un «régimen autoritario», ubicándose como el segundo con mayor deterioro democrático en América Latina y el Caribe desde 2006, después de Venezuela.
Por su parte el Proyecto Mundial Variedades de la Democracia identifica retrocesos en tres componentes de la democracia liberal, como son la “libertad de expresión ampliada, elecciones transparentes e independencia judicial”. Esto se debe a que la falta de independencia de los Poderes del Estado impide limitar posibles excesos de poder del Ejecutivo, explica el informe.
FUNIDES también realizó la Encuesta Socioeconómica de Propósitos Múltiples (ESPM) en la cual entre las personas que indican que saben qué es democracia y responden un concepto cercano a la democracia liberal, “un 41.7 por ciento se encuentra insatisfecho con el funcionamiento de la democracia”.
En relación al sistema electoral nicaragüense en el contexto preelectoral, se reportan “debilidades asociadas principalmente a la representatividad electoral, la percepción de transparencia de los procedimientos electorales, el registro de partidos políticos y candidaturas”, y en el papel desempeñado por la autoridad responsable del proceso electoral. En este aspecto, Nicaragua se mantiene como el segundo país con menor puntaje en el Índice de Integridad Electoral en América Latina y el Caribe.
Los resultados de la Encuesta Socioeconómica de Propósitos Múltiples sugiere además que la población ve en las reformas electorales uno de los camino para solucionar la actual situación política del país. En este punto, el principal mecanismo señalado por la población es el diálogo nacional entre el Gobierno de Daniel Ortega, los políticos y sociedad civil.
Un país sin libertades
Vale destacar además que Freedom House califica a Nicaragua, en relación a las libertades ciudadanas, como un país «no libre». Esto se debe a los bajos puntajes obtenidos en las subdimensiones de derechos políticos y libertades civiles. “Los resultados reflejan una desmejora en 2020 con respecto a 2019, en especial en el indicador de libertad de expresión. Pero, también se reporta un deterioro en los indicadores de libertades civiles ciudadanas, control de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), igualdad ante la ley y libertad individual”, indica el informe.
El Proyecto Mundial de Justicia (PMJ) en su reporte anual del Estado de Derecho, también refleja que Nicaragua tiene una reducción en su puntaje total por tercer año consecutivo. En este punto, vino a reemplazar a la vecina Honduras como la tercera nación con el menor Índice de Estado de Derecho en América Latina y el Caribe. “Nicaragua se perfila en el puesto 118 de 128 países analizados en el índice a nivel mundial”, expresa.
Por si fuera poco, también hay una desmejora en el Índice de Restricciones al Poder Ejecutivo, el cual mide el grado en que los que gobiernan están sujetos a la ley. Nicaragua obtuvo apenas un de 26.3 en 2020, de un máximo posible de 100. En el 2019 el puntaje obtenido por Nicaragua fue de 27.0.
“De todas las dimensiones del Índice de Estado de Derecho, la impartición de justicia civil fue la que mostró mayor deterioro entre 2019 y 2020. Los resultados anteriores se deben a que la principal debilidad del sistema de justicia de Nicaragua reside en su falta de independencia”, explica.
Desde septiembre de 2018, Ortega criminalizó las protestas.
Uno de los países más corruptos
Transparencia Internacional ubicó, por su lado, a Nicaragua con un puntaje de 22 sobre un máximo posible de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2019. Nicaragua se ubica en este índice como el segundo más corrupto de América Latina.
En el informe se señala que en el período 2018-2019 el 52 por ciento de los nicaragüenses apoyaba a la democracia como sistema de gobierno. Esto estaba por debajo del 58% de la media regional.
Según la Encuesta Socioeconómica de Propósitos Múltiples, un 48.4% de los nicaragüenses «siempre» vota cuando hay elecciones nacionales en el país, mientras el 26.6% ha votado «algunas veces», el 20.1% no ha votado nunca y el 4.1% no ha votado porque no tenía edad suficiente para hacerlo.
La encuesta indica que la mitad de la población no confía en la legitimidad de las elecciones y para participar un 25% indica que debe haber observación internacional, un 20 % que debería existir seguridad ciudadana y casi un 19% un sistema electoral confiable. La encuesta refleja que un 15% de la población no participaría en las próximas elecciones en ninguna circunstancia.
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