Este martes el Ministerio público dio a conocer a través de un comunicado que Suyen Barahona presidenta del Movimiento Unión Democrática Renovadora (Unamos), Hugo Tórrez, General en Retiro y Victor Tinoco, excanciller sandinista estarán bajo prisión por 90 días, luego de ser apresados violentamente por la Policía Nacional el pasado fin de semana.
Según el pronunciamiento, las personas detenidas están «siendo investigados por tener indicios que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055» y agregó que «han incitado a la injerencia extranjera y celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos».
Ministerio Público extiende investigaciones contra FVBCH, Funides y opositores encarcelados
Las investigaciones de la fiscalía nicaragüense en contra de organizaciones como la FVBCH y Funides, pretenden involucrar a todas aquellas persona que han tenido vínculos directos o indirectos con estas ONGs. El gobierno sandinista ha aplicado la Ley 1055, mejor conocida como «Ley de Soberanía«, aprobada en diciembre del año 2020 por la Asamblea Nacional, mayoritariamente sandinista, para detener a quienes «soliciten» sanciones a extranjeras contra funcionarios públicos.
Durante las últimas semanas, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a cuatro precandidatos presidenciales, dos extrabajadores de la FVBCH y aproximadamente ocho líderes opositores, entre ellos, exguerrilleros sandinistas e integrantes del movimiento Unamos así como el congelamiento de cuentas bancarias y restricción migratoria contra cinco miembros de Funides. De acuerdo a las autoridades esto último es parte de las investigaciones contra Juan Sebastián Chamorro, quien fungió hasta 2019 como director ejecutivo de dicha organización.
Denuncia contra agentes policiales por el excesivo uso de la violencia
A través de denuncias de agrupaciones políticas y relatos de personas que estaban durante el allanamiento y capturaa contra opositores, la Policía Nacional con ayuda de un fuerte operativo de agentes de la Dirección de Operaciones Especial Policiales (DOEP) ha hecho uso de la violencia contra las personas detenidas, irrespetando sus derechos políticos y «presunción de inocencia».
Familiares de Hugo Tórrez Jiménez emiten información de actualización de la situación y demandan la liberación inmediata.#LibertadYA pic.twitter.com/E536ukFaOn
— Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) June 15, 2021
Familiares del General en retiro, Hugo Torres, denunciaron que el pasado 13 de junio, día de su detención, la Policía Nacional entró a la casa del opositor violentando los portones y «apuntando a cabezas y pecho con armas de fuegos», mientras los habitantes fueron obligados a lanzarse al suelo.
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«Hugo Torres tiene 73 años de edad y según el derecho internacional humanitario, y el sentido común, una persona mayor de 70 años no debería estar retenida fuera de su propia residencia, menos sin justificación legal y durante una pandemia» expresaron sus familiares.
Por su parte, familiares de Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, detenida el pasado 13 de junio, dijeron que «antimotines golpearon a Ana Margarita, posteriormente agarraron el pelo a Dora María y le dieron un golpe en el estómago, las esposaron y montaron en un vehículo que las personas no lograron ver».
El gobierno sandinista continúa la redada en contra de opositores en medio de las demandas internacionales que piden la libertad de todos los presos políticos y exigen establecer un Estado democrático a través de elecciones libres y transparentes.
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