Impunidad en caso de Dina Carrión es consecuencia del pacto FSLN – PLC

La impunidad en el caso de Dina Carrión es “una consecuencia directa de lo que fue el pacto” entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Liberal Constitucionalista, considera la activista feminista Juanita Jiménez.

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El 3 de abril de 2010, Dina Carrión apareció muerta cerca de la entrada principal de su casa ubicada en residencial Las Cumbres, por un disparo de bala en el pecho. Juan Carlos Siles era la única persona que se encontraba en la casa pese a que acababan de divorciarse, y la familia de Carrión lo considera como el principal sospechoso de su muerte.

El pasado viernes, el Estado de Nicaragua a través de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución de cierre del caso y de esta manera absouelve a Siles, quien habría sido acusado de parricidio pero que según la hermana de la víctima, Aida Carrión, Siles “en lugar de someterse al proceso como cualquier procesado, mediante artificios, utilizó un recurso de amparo”.

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Juan Carlos Siles es hijo de Carlos Siles, ex asesor del ex convicto Arnoldo Alemán, y según Jiménez, habría participado en todo el proceso de negociación “para dividirse los poderes públicos”.

Alemán era líder del PLC cuando fue señalado de pactar con el dirigente sandinista Daniel Ortega para bajar el techo electoral que permitiera elegir presidente en las elecciones. Ese mismo pacto permitió que Ortega llegara al poder en 2007.

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“Son los privilegios que se devengan del pacto oprobioso que se hizo aquí entre el PLC y el Frente Sandinista en el 2000” asegura Jiménez, y explica que ese pacto garantizó que todos los que estuvieran involucrados en el mismo tuvieran privilegios, “incluyendo el privilegio de la impunidad”.

Ex fiscal Verónica Nieto alegó que se trataba de un suicidio

Este caso causó mucha polémica cuando la ex fiscal auxiliar Verónica Nieto, quien ahora se desempeña como abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, presentó un informe en que catalogaba la muerte de Carrión como un suicidio, lo cual la familia de Dina Carrión rechazó tajantemente.

Según el documento presentado por Nieto, en la escena del crimen se había ocupado un arma Bren Te de 10 milímetros de calibre y que pertenecía a Juan Carlos Siles. Esta habría sido el arma con la que supuestamente se suicidó Carrión pero se contradice al señalar que la bala que utilizó era de otra arma calibre 40.

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Asimismo, Nieto respaldó la versión que Siles dio cuando aseguró que no había escuchado el disparo que recibió Carrión, pues él se encontraba escuchando música en su cuarto y supuestamente se percató de lo ocurrido cuando salió de su habitación.

Resolución de la CSJ está “fuera de la legalidad”

Georgina Ruiz, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos califica la resolución de la CSJ como “fuera de la legalidad” porque durante el proceso ha habido vacíos y se han practicado procedimientos que van en contra del ordenamiento jurídico nicaragüense.

La Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público serían las instituciones que Ruiz señala como las encargadas de retardar la justicia y el esclarecimiento del caso.

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Aida Carrión, hermana de la víctima, considera que esta resolución impide que haya justicia y verdad sobre este femicidio, además de algunas interrogantes que aún no han sido resultas como los golpes en el rostro, pómulo y cien de la víctima, una laceración en el dedo anular izquierdo, las excoriaciones en la pierna izquierda, abdomen y cuello, entre otras inconsistencias.

Asimismo, Ruiz señala que con esta resolución y durante todo el proceso, el Estado de Nicaragua ha violado tratados internacionales que establecen procedimientos legales para el acceso a la justicia y de los cuales Nicaragua es firmante.

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