La barrera de los 150 kilovatios hora (kWh) al mes se ha convertido en el muro invisible que define la tranquilidad o la asfixia económica de las familias en Nicaragua. En el país, consumir un solo kilovatio de más no significa pagar un pequeño excedente; significa caer por un acantilado financiero.

El sistema de subsidios actual no castiga el exceso de forma gradual, sino que elimina el beneficio por completo y de golpe.

De acuerdo con la Ley N° 272, Ley de la Industria Eléctrica, y sus sucesivas reformas «se establece una tarifa social para los usuarios del servicio de energía eléctrica de la categoría residencial, cuyo consumo mensual sea menor o igual a ciento cincuenta kilovatios hora (150 kWh)… Los usuarios cuyo consumo mensual sea superior a los ciento de cincuenta kilovatios hora (150 kWh) pagarán la tarifa residencial plena establecida por el Ente Regulador.»

Régimen vigilará tus compras con tarjetas de crédito y débito

Así, una factura que rozaba los 170 córdobas por 149 kWh consumidos, salta de manera brutal hasta superar los 1,700 córdobas si el medidor marca 151 kWh, un incremento que pulveriza el presupuesto de cualquier hogar de escasos recursos.

El salto brutal en la factura al perder la Tarifa Social ocurre porque el sistema no solo te cobra la energía a precio comercial completo y de forma retroactiva, sino que activa de golpe cargos que antes tenías perdonados: se te aplica el 15% de IVA sobre el total, te cobran la tasa de comercialización residencial plena y se dispara el cobro del alumbrado público, transformando un recibo subsidiado en una costosa factura comercial por el exceso de un solo kilovatio.

Terror a encender la luz

Vivir bajo este límite obliga a los ciudadanos a aplicar una especie de «terrorismo energético» dentro de sus propias casas. En la práctica, 150 kWh al mes alcanzan apenas para mantener encendido un refrigerador eficiente, un televisor un par de horas al día y dos o tres bujías ahorrativas.

Para una familia promedio de cuatro personas, la rutina diaria se transforma en un ejercicio de privación constante: está prohibido encender un abanico aunque el calor de Managua o León sea insoportable, la plancha de ropa se ha convertido en un objeto de lujo desterrado y la refrigeradora se desconecta por las noches.

Al no existir una transición escalonada entre la tarifa subsidiada y la comercial, la distribuidora eléctrica y el Estado —que capta el Impuesto al Valor Agregado (IVA)— se quedan con márgenes de ganancia desproporcionados a costa del error de cálculo de un ciudadano.

Dianys Mena por ejemplo, denunció en sus redes sociales que su tarifa de energía pasó de un solo golpe de 176.36 córdobas a 1,458.75. En las facturas que adjunta se nota cómo en la primera hubo un consumo de 55 kw mientras en el último hubo uno de 163, apenas un poco más que el mínimo permitido para la tarifa social.

«Me salió más cara (la luz) son unos completos sinvergüenzas, si mi casita es humilde, todo el día no pasó en la casa porque estoy trabajando solo. Union Fenosa no tengo negocio, las tres luces que tengo son ahorrativas, es el mismo alambrado de antes que tengo de cuando me salía más accesible. No sean groseros», expresó con indignación.

Otro usuario de redes sociales, le comentó su publicación y contó su experiencia, que fue peor. «A mí con 151 kw y me salió de C$ 1,730.33», lamentó.

El «subsidio» imposible

La falta de transparencia en la lectura de los medidores por parte de la empresa distribuidora Disnorte-Dissur agrava la incertidumbre. Muchas familias denuncian que, a pesar de mantener sus casas a oscuras y desconectar los aparatos por las noches, los recibos reflejan alteraciones inexplicables que los sitúan intencionalmente en el rango de los 151 o 152 kWh. Sin canales institucionales confiables para apelar los cobros ante el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el usuario de a pie se encuentra en una situación de total indefensión jurídica y económica. Sobre todo porque el Estado es accionista, así como la familia Ortega-Murillo.

Lo que la propaganda oficial vende como un beneficio para las mayorías es, para el nicaragüense común, una mentira, una condena a vivir en la penumbra y bajo un estrés constante para no sobrepasar una cuota de consumo imposible de cumplir para una familia promedio.